Becerril pide a Griñán que aplace la retirada de los conciertos educativos

El conflicto que mantienen el Gobierno andaluz y los colegios de educación diferenciada ya tiene eco a nivel nacional. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que suspenda la decisión de retirar los conciertos a estos centros, o en todo caso que la posponga hasta que se fije una solución satisfactoria para ambas partes. Becerril ha decidido mediar en este asunto después de reunirse, el pasado 15 de febrero, con representantes de la plataforma «Mis padres deciden», con los directores de los diez centros andaluces afectados y visitar algunos de los colegios que imparten educación diferenciada.

En este sentido, Becerril pidió a Griñán que «impulse el diálogo con las instituciones afectadas», puesto que la retirada de los conciertos «está generando una enorme preocupación a los padres, cuyos hijos están actualmente escolarizados de modo satisfactorio». También hizo referencia al perjuicio que provocará la medida a las familias en la actual coyuntura económica. «Muchas de ellas ya están afectadas por la crisis y la retirada de estos conciertos podría ser un problema más», subrayó. Esta petición se formula el mismo día en que cinco directores de colegios de educación diferenciada presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con una petición de medidas cautelares. El colectivo confió en que el Alto Tribunal se pronuncie en un mes.

Frente a esta posición está la postura férrea del Gobierno andaluz. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, reclamó a Becerril que «haga honor al cargo, defienda la educación pública y de calidad y al conjunto de los ciudadanos y no los intereses de determinados sectores privados». De hecho, dejó claro que «quien quiera ir a un colegio segregado, lógicamente que se lo pague».

Por ello, se reafirmó en que la Defensora del Pueblo «debe defender al pueblo y al conjunto de los ciudadanos y no los intereses de determinados sectores privados que, legítimamente, quieren hacer negocio, pero que no responden a la igualdad y a esa coeducación que nosotros defendemos».

Por su parte, la consejera de Educación, Mar Moreno, resaltó la «tranquilidad» de la Administración autonómica ante el anuncio del recurso judicial, puesto que «hacemos aquello en lo que creemos». Además, recordó que la Junta se encuentra «plenamente avalada» por una jurisprudencia «muy amplia» del Tribunal Supremo.