C’s admite que la bajada del impuesto de sucesiones ha sido insuficiente

Aprieta a Susana Díaz para eliminar esta tasa y reducir el IRPF en 2018

A Ciudadanos le ha entrado prisa. La formación naranja dio ayer un golpe en la mesa con el argumento de que hay «rumores» de adelanto electoral en Andalucía, una vez que se despeje el calendario interno del PSOE. No sería la primera vez que Susana Díaz emplea esta estrategia. Ya lo hizo en la pasada legislatura, cuando IU formaba parte de su Ejecutivo, con la excusa de que necesitaba «estabilidad» y que los contactos de los izquierdistas con Podemos no se la garantizaban.

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C’s) en Andalucía, Juan Marín, anunció ayer que en la sesión plenaria de la próxima semana le va a pedir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «dé las órdenes e instrucciones necesarias a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para que ponga fecha y hora a la primera reunión del grupo de trabajo para la armonización del IRPF». El acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos contempla una reducción del 3,5 del tramo autonómico en toda la legislatura. Hasta el momento, después de varios meses de negociación, la reducción realizada ha sido de dos puntos en 2016, por lo que aún quedarían 1,5 puntos por rebajarse. El partido que lidera Marín ha dado margen al Ejecutivo andaluz en este tiempo, argumentando que la senda de consolidación fiscal y reducción del déficit marcada desde la Unión Europea limitaba la posibilidad de recortar los impuestos. Ahora, cambia la estrategia y se basa en los propios datos de la Junta de Andalucía.

Según las estadísticas de recaudación tributaria hechas públicas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a noviembre de este año, los ingresos por el tramo autonómico de IRPF ascendieron a 4.246.604.478 euros, un 11,32 por ciento más que en los once primeros meses de 2015, que fueron de 3.814.603.441. Por tanto, pese a la aminoración del impuesto, la Administración andaluza ha obtenido más dinero.

La mejora de la situación económica se ha traducido en más ingresos para la Junta. Recientemente, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que la recaudación tributaria de la Junta aumentó un 8%, hasta noviembre de 2016. No solo ha mejorado el IRPF, sino que el dinero obtenido por el impuesto de transmisiones patrimoniales se ha incrementado un 11,47 por ciento; el de actos jurídicos documentados, un 15,42 por ciento; o el impuesto sobre determinados medios de transporte ha crecido un 7,66 por ciento.

La otra parte del descontento de Ciudadanos reside en que la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones pactada con el PSOE no ha resuelto el malestar entre los andaluces ni ha acabado con los problemas para heredar en Andalucía. Marín reclamó «una nueva vuelta de tuerca» a este impuesto y admitió que la bajada que se ha producido no es suficiente y que hay que caminar hacia su eliminación. La Junta se niega y reclama que el Estado compense a las autonomías si se acaba con él. El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos ofreció una alternativa: que los aproximadamente 300 millones que la Junta recauda al año en virtud de este impuesto –en realidad, 330 millones hasta noviembre de este año– podrían compensarse con la cuantía que se logre en la lucha contra el fraude fiscal.

La presión del Partido Popular y de la plataforma ciudadana Stop Impuesto Sucesiones ha sido clave. Ciudadanos, y así lo lleva en su programa electoral, es partidario de eliminar este impuesto y armonizarlo en todas las comunidades autónomas, por lo que su planteamiento siempre ha estado más cerca de esta plataforma que del PSOE. El líder nacional del partido, Albert Rivera, defiende que se grave a partir de un millón de euros y sin computar ni la vivienda habitual ni la empresa familiar, lo que en la práctica limitaría su cobro a casos muy concretos. Además, como ha publicado este periódico, esta plataforma está elaborando una demanda ante el Tribunal Constitucional para acabar con este impuesto en base al artículo 22 de la Carta Magna, que señala que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

«Se ha demostrado con los datos de 2016 aportados por la propia Junta que es positivo bajar impuestos», justificó Marín en una comparecencia pública en el Parlamento, al tiempo que lamentó que la filosofía del PSOE-A sea la de «no tocar los impuestos». Pese al deseo de alcanzar un «acuerdo», las dudas en Ciudadanos existen. La Junta tendrá que mover ficha.