CC OO suma ya cerca de cuatro millones en fianzas civiles

La Razón
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La investigación de la trama de los ERE, al margen de las responsabilidades penales, puede suponer el desfalco sindical. Federaciones de CC OO sumaron ayer cerca de un 1,2 millones más en fianzas de responsabilidad civil de sindicalistas, ya sean peticiones del Ministerio Público o confirmaciones de la juez Alaya. A estas cantidades hay que añadir los aproximadamente 1,8 millones de las fianzas anteriores. En total, unos cuatro millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer 584.000 euros de fianza civil, el equivalente a las primas pagadas por la Junta más el tercio legal, para José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa por parte de CC OO en el Hotel Cervantes, donde se incluyeron dos intrusos. La Fiscalía, como en el caso de otros sindicalistas que negociaron los ERE, pidió que se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación de Comercio de CC OO. Por su parte, la juez Alaya confirmó la fianza civil de 593.306 euros impuesta a Enrique Manuel Jiménez García, secretario general de la Federación de Industria de CC OO Andalucía, por la inclusión de dos intrusos (Antonio Fernández Garzón y el que fuera delegado de Empleo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés) en el ERE de Calderinox aprovechando su influencia sobre la Junta. El sindicato, de nuevo, es responsable subsidiario del pago de los 444.980 euros que pagó la Junta más el tercio legal. Entre los dos sindicalistas, 1.177.306 euros. Aparte, las fianzas de Manuel Roberto Carmona, 471.352 euros; Juan Antonio Florido, 353.353 euros; Juan Antonio Caravaca, 400.000 euros; José Manuel Casado, 498.000 euros; y Francisco Casado, 120.000 euros, superan los 1,8 millones.

En su auto, la magistrada destaca que Jiménez García, gracias a su larga trayectoria, «es un claro exponente» de la influencia de los sindicatos sobre ciertos cargos de la Administración andaluza para conseguir subvenciones «bien a favor de terceros, como acontece en este supuesto, o a favor del propio sindicato». La defensa del sindicalista alegó que el auto de medidas cautelares estaba «ideado y redactado» antes de la comparecencia en octubre de 2013, pero la juez Alaya rechazó la petición de nulidad. La juez defendió que su argumentación es falsa «por el tiempo que se empleó en elaborar la resolución después de celebrar la comparecencia de medidas cautelares» y porque «los hechos inicialmente imputados tuvieron que ampliarse en virtud de las preguntas del Ministerio Fiscal». La magistrada especificó que se evidenció «el conocimiento que el inculpado tenía del régimen legal de la concesión de subvenciones y de la total ausencia de procedimiento y bases reguladoras de las ayudas concedidas». En el caso de Jiménez, se subraya la influencia en el ex director general de Trabajo Juan Márquez.

De vuelta a las declaraciones de ayer, para Miguel Rodríguez Ortega, director del Hotel Cervantes, la Fiscalía solicitó 58.000 euros, el 10% de la petición para José Cabrera. Para Antonio Isla Barba, miembro del departamento financiero de Hotasa, la división hotelera del grupo Nueva Rumasa propietaria del hotel, imputado por malversación de caudales públicos, no se pidió fianza, según fuentes del caso.

Miguel Rodríguez aseguró que las decisiones las tomaba Carlos Miranda Bacciarini, director de la división hotelera de Nueva Rumasa, que también será citado a declarar. Antonio Isla manifestó que cada hotel de Nueva Rumasa tenía su autonomía y que el departamento financiero de Hotasa era el único que no estaba en Madrid sino en Málaga debido a que residían allí sus tres componentes. Isla declaró que sólo estuvo en algunas reuniones sobre el ERE, siempre acompañado por sus superiores y sin capacidad de decisión. Miguel Rodríguez, imputado por malversación, según la juez, «firmaría» la solicitud del ERE «a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando presuntamente los datos contenidos en las fichas relativas a ambos trabajadores respecto a la antigüedad en el hotel». Rodríguez destacó la «implicación» del empresario José María Ruiz Mateos en la gestión, poniendo como ejemplo que cuando iba al hotel «pasaba la mano por el suelo para ver si estaba limpio». El imputado también negó conocer al presunto «conseguidor» de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas.

La juez citó ayer a un cuarto imputado identificado por error como Rafael Isla y que finalmente resultó ser Antonio Isla Mingorance, padre de Antonio Isla Barba, quien también trabajó en Hotasa y ha sido citado para próximas fechas. Cabrera se acogió a su derecho a no declarar.