Confrontación a golpe de recursos

La confrontación continúa. El Gobierno andaluz recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma estatal que modifica la Ley de Costas. Se trata de la séptima recusación al Ejecutivo central del PP en menos de 18 meses.

El clima es similar al de las dos legislaturas entre 1996 y 2004. Antes, incluso, de las elecciones del 25M y del pacto PSOE-IU, la tensión ya era la tónica predominante. El presidente del Gobierno recurrió ante el Constitucional la reforma de la Ley Electoral que excluye a los alcaldes del Parlamento. A los cinco días de las autonómicas, recurrió la subasta de fármacos. Andalucía tampoco aceptó los consejos de Madrid y optó por no posponer la convocatoria bianual de oferta pública de empleo público de profesores de secundaria. La solvencia andaluza también ha sido motivo de disputa, poniéndose en duda desde el Ejecutivo central las cuentas autonómicas. La estrategia regional consiste en equiparar a Rajoy con los recortes y las privatizaciones. En la época de Chaves se pretendió identificar al PSOE con Andalucía, recurriendo sistemáticamente al frente judicial. La batalla política se ha trasladado de nuevo a la magistratura. Si entre 2008 y 2011 sólo se registraron dos recursos entre Andalucía y el Estado, en apenas año y medio van diez (siete por parte de la Junta, tres del Gobierno central). Durante los ocho años de Aznar, las comunidades y el Estado se cruzaron en el TC 365 conflictos y recursos. Con Zapatero, fueron 192. Las nuevas tasas judiciales (en dos ocasiones), los recortes en sanidad, la reforma educativa, la liberalización de horarios comerciales o las normas de energía renovables, por parte de la Junta. El decreto antidesahucios, la subasta de medicamentos y las oposiciones, por parte del Ejecutivo central. Son 22 los litigios pendientes entre administraciones. En las últimas tres décadas, Andalucía ha llevado al TC hasta 75 recursos. En este tiempo, el Estado ha presentado una treintena de impugnaciones. De 106 casos desde los 80 (el 7,3% del total), 48 han sido sentenciados; 43 acabaron con alguna de las partes desistiendo (once los retiró la Junta con la llegada de Zapatero); y 15 están pendientes de pronunciamiento. La Ley Orgánica de 2000 no ha conseguido reducir la litigiosidad política.

Protección del litoral

El Consejo de Gobierno autorizó ayer la interposición de un recurso ante el TC contra la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas, según anunció el portavoz Miguel Ángel Vázquez. La Junta entiende que la norma «supone un ataque frontal a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo». El recurso se centra en una decena de artículos que «además de romper la distribución competencial ente el Estado y la comunidad, introducen ambigüedades e inseguridad jurídica». Según la Junta, el Gobierno de Rajoy «pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización del espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la Administración y promover desarrollos urbanísticos insostenibles». El Consejo de Gobierno considera que se «cambia la definición de Dominio Público Marítimo Terrestre» por «criterios técnicos» que se establecerán «reglamentariamente», abriendo la puerta «a que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización o de otros usos perjudiciales para el medio ambiente». La privatización de dunas, la apertura de «el camino a la existencia de playas privadas fuera del dominio público» y la exclusión de los terrenos inundados artificialmente con destino a cultivos marinos o salinas son otros de los puntos recurridos. Otra «adulteración similar» para la Junta es «reintegrar al dominio privado los terrenos de antiguos propietarios que, tras la Ley de Costas de 1988, ya fueron compensados con el justiprecio de una concesión temporal». El portavoz citó como uno de los posibles beneficiados al ex ministro Abel Matutes. El Gobierno autonómico también critica la figura de «urbanizaciones marítimo-terrestres», esto es, «núcleos residenciales en tierra firme con sistemas viarios navegables construidos a partir de la inundación artificial de terrenos privados». Un segundo bloque del recurso se centra en «la vulneración de competencias», destacando «la invasión a la que da pie el artículo 1.8 de la ley al regular usos en la zona de servidumbre de protección». El tercer bloque abarca una «doble imposición fiscal sobre las concesiones autonómicas para la construcción de puertos deportivos y pesqueros».