CSIF exige a la Junta que mire al Gobierno y devuelva derechos «recortados»

El sindicato pide al Gobierno que aclare «qué va a pasar con el 75% restante de la extra de 2012» ante la «incertidumbre» de los funcionarios

El sindicato CSIF exigió ayer a la Junta de Andalucía que, tras el anuncio del Gobierno central de que seguirá devolviendo progresivamente los derechos recortados en estos años a los empleados públicos, «imite» al Ejecutivo central y estudie el modo de restituir «todo lo cercenado» en Andalucía para igualar a los empleados públicos andaluces con los del resto del país. En este sentido, la central reclamó al Ejecutivo andaluz que, ante la «incertidumbre» que viven los empleados públicos andaluces, aclare cuanto antes qué va a pasar con los derechos pendientes de devolución en Andalucía, tanto los de carácter económico como los de carácter social, como la acción social o los días de permiso retribuido.

A pesar de ello, criticó que el Gobierno central utilice a los empleados públicos como «caballo de batalla electoral» y recordó que la devolución de «sus derechos no puede ser una medida que sólo se retome cuando se acercan unos comicios».

CSIF recordó que logró que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se comprometieran por escrito a devolver el 25 por ciento de la extra de 2012 en febrero del próximo año y a estudiar en el seno de la mesa general cómo recuperar los complementos autonómicos de las extras recortados en estos años.

Sin embargo, ante las medidas tomadas por el Gobierno central y dada la iniciada recuperación económica, reclama ahora que «se inicie la negociación cuanto antes y aclare qué va a pasar con el 75 por ciento restante de la extra de 2012 y con el resto de derechos pendientes de restitución». A pesar de que la central sigue confiando en la palabra y en la voluntad tanto de la presidenta como de la consejera, reclamó que, dada «la incertidumbre de los empleados públicos andaluces y el ímprobo esfuerzo que éstos han realizado para sostener los servicios públicos, la Junta tenga una compensación y reponga parte del daño ocasionado a sus derechos con los recortes».

También recordó que seguirá peleando y exigiendo la devolución de «todos los recortes» para que, como ha sucedido en estos años, los empleados públicos andaluces «no sigan siendo los más recortados de todo el país» y añadió que, «en caso de seguir recibiendo ataques, volverá a salir a las calles andaluzas para reclamar lo que legítimamente le corresponde a los empleados públicos».

Fue el pasado 15 de julio, justo antes de darse de baja por el inminente nacimiento de su hijo, cuando Díaz firmó con los representantes de UGT, CSIF y CC OO el compromiso de abonar el 25 por ciento de la paga extra que se retiró a los funcionarios en 2012. Junto a esta medida, la Junta también prevé a partir del 1 de enero de 2016 recuperar el cien por cien de la jornada y retribuciones del personal funcionario interino y del temporal (estatutarios, laborales e indefinidos no fijos), un total de 44.000 empleados públicos. El colectivo más beneficiado de esta medida será el personal sanitario, que ha venido soportando contratos al 75 por ciento de la jornada. Para llevar a efecto ambas medidas ya se han comprometido entre 190 y 200 millones de euros en el Presupuesto.