Derecho, torcido

La presencia de Izquierda Unida en el gobierno bipartito ya se siente en los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde cualquier extravagancia es posible gracias a las cuotas mediante las que los partidos se reparten las togas. Según reciente evacuación, el que un centenar de bigardos malencarados con entrenamiento en guerrilla urbana, y cargados algunos con un fardo de antecedentes policiales, obligue al encargado de un supermercado a cerrar bajo explícitas amenazas de robo y vandalismo forma parte del derecho de huelga. ¿Encausarían sus señorías a los amigos, pongamos, de un atracador albano-kosovar que irrumpiesen en su despacho por las bravas para reclamar la absolución de su compinche? ¿No estaríamos acaso ante una interpretación laxa de la libertad de manifestación? Imaginemos que uno de los fornidos muchachos de los Balcanes tirase por la ventana el ordenador del magistrado. ¿Qué suponen los 300 euros que vale un PC en el presupuesto multimillonario de Justicia? Pues el propósito de Sánchez Gordillo de reventar las estanterías del Mercadona no es reprensible para el TSJA por su «escasa incidencia para un establecimiento con un importante volumen de negocio». Se suceden las encuestas que señalan a los políticos y a los jueces entre los principales problemas que afligen a los españoles. Podrían ahorrarse un ítem los sociólogos porque cunde la sensación de que se trata de la misma cosa. Iba a escribir «la misma mierda», pero no sería justo mezclar a la bosta, que por lo menos abona el campo, en tan sucio mundillo.