Díaz atempera las críticas pero sin hacer renunciar a una ley

La presidenta presenta las bondades del nuevo decreto: 4 millones más este año y aplicable desde septiembre.

«Aquí legisla el Gobierno andaluz, ¡cómo va a permitir Susana Díaz que lo haga el Parlamento!». La frase es de la parlamentaria del PP Vanessa García, pero resume a la perfección el «volantazo» que la presidenta ha dado en un asunto tan delicado como la atención temprana y que en los últimos meses, gracias fundamentalmente al papel reivindicativo de las familias con niños de cero a seis años con trastornos en el desarrollo y asociaciones del sector, ha acaparado parte importante de la actualidad política.

Los casi 19.000 menores afectados –aunque la Consejería de Salud los reduce a 13.500, al ser los registrados en el sistema– merecían un esfuerzo de consenso de todos los partidos que la Plataforma de Atención Temprana trató de fraguar, pero se encontró siempre con el rechazo del PSOE –pese a ello se llegó a aprobar el verano pasado una PNL que reclamaba la inclusión del servicio en el SAS, liquidar la deuda y buscar a través del consenso un modelo que resolviese los problemas existentes– hasta convertirse en un dolor de cabeza para Susana Díaz. Tanto que ayer se adelantó a presentar el nuevo decreto sin esperar siquiera a que concluya el plazo para presentar alegaciones. La presidenta, apoyada en Cermi-A y la Federación Autismo Sevilla, organizó un encuentro con familias y entidades para esbozar las bondades de la nueva normativa, respondiendo personalmente a padres y profesionales a las dudas que les asaltaban.

Díaz esbozó lo que por la tarde, en el Pleno, desarrolló el consejero Aquilino Alonso en un productivo debate con el resto de fuerzas con representación parlamentaria. Detalló la presidenta que este mismo año se aumentará el presupuesto en 4 millones de euros, permitiendo aumentar de 45 minutos a una hora las sesiones de los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana) y la frecuencia de las terapias en función de las necesidades individuales. Además, anunció que la aplicación del decreto será efectiva en septiembre. Buenas noticias, pero con matices.

Todos los grupos entienden que el decreto, que se aprobará en abril, mejora el modelo de atención temprana actual porque es una obviedad, pero mantienen la duda de que sea una solución eficaz a largo plazo. Hasta el consejero, que llegó a decir que se habían atendido peticiones de la plataforma en la redacción definitiva, admitió que «queda margen por recorrer». Podemos y PP entienden que la ley otorgaría más seguridad a los niños, y también a los 800 profesionales que los atienden, e Izquierda Unida y C’s, que el mes pasado tumbó el proyecto de ley por ser presentado por Podemos en nombre de la plataforma, no cierran la puerta a sumarse a una mesa de trabajo que regule por ley el servicio.

Salvo la salida de pata de banco de la diputada socialista, con un ataque feroz a Podemos y PP, el debate se centró en lo realmente importante: los niños. IU alabó que el Gobierno aparcara la «soberbia» para buscar puntos de encuentro y en la misma línea Alonso explicó con detalle el aumento presupuestario anunciado: 4 millones en 2016 hasta totalizar 15,7; 5 millones más en 2017 hasta alcanzar 20,7 millones anuales; 6 millones más en 2018 hasta los 26,7; y 8 millones más en 2019 para alcanzar una cifra de 34,7 millones anuales. Se crearán 4 grupos donde encuadrar la intensidad de las terapias y el consejero matizó que se utilizarán cláusulas sociales para impedir que organizaciones sin ánimo de lucro –una de las preocupaciones de las familias y de Podemos– mercantilicen el sistema.

La popular Vanessa García fue la más dura con la Junta, recordando que la adaptación del decreto tardará seis meses al menos y recordando que a la presidenta le «ha entrado en su agenda» este asunto porque las familias han traído a la Cámara el problema. Podemos insisitó en la memoria económica e insistió en que «el decreto no es incompatible con la ley», dando la «bienvenida» a las mejoras. «Si es una cuestión de foto, estamos dispuestos a apoyar a quien se la haga», dijo Esperanza Gómez, recordando a C’s su actitud con la propuesta de ley tumbada.

«Lo que no se podía hacer en diciembre, se hace en marzo»

«Las soluciones podían haber llegado antes», dijo Inmaculada Nieto de IU. PP y Podemos no ven el decreto tan favorable. Un punto de conflicto se halla en las unidades de valoración. Esperanza Gómez recordó que ya existieron tiempo atrás y significarán crear un «cuello de botella» para que los menores entren en el sistema. De hecho, aseguró que eran muy criticadas en otras comunidades. La Junta sostiene que de esa forma se atiende la demanda de información de los padres y se ajusta un plazo de 30 días para dar una respuesta. La cuestión es que «se crea una nueva estructura administrativa», según la podemita, que genera más desconfianza en los CAIT. En el PP preocupa que haya suficiente dinero para atender a todos los niños con esos 4 millones extra y, como IU, recordó que la Junta negó una enmienda presupuestaria de 10 millones: «Lo que no se pudo hacer en diciembre, se hace en marzo».