Díaz, Griñán, Chaves y Báñez declararán por los cursos, no así Guerrero y Cornejo

La comisión de investigación consensúa una lista de 69 comparecientes y ratifica que los interventores acudirán los primeros, pero no a mediados de febrero, como estaba previsto, porque «no se ha dado inicio a los trámites necesarios para citarlos»

Los integrantes de la comisión de investigación sobre formación creada en el Parlamento andaluz, durante la sesión de trabajo de ayer
Los integrantes de la comisión de investigación sobre formación creada en el Parlamento andaluz, durante la sesión de trabajo de ayer

La comisión de investigación consensúa una lista de 69 comparecientes y ratifica que los interventores acudirán los primeros, pero no a mediados de febrero, como estaba previsto, porque «no se ha dado inicio a los trámites necesarios para citarlos»

La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno al presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno regional desde 2002, no ha logrado transmitir, de momento, una imagen de fresca eficacia. Al atasco primero en la forma de consultar la documentación que está trasladando a la Cámara el Ejecutivo autonómico, se suma ahora un nuevo retraso en el arranque de las comparecencias.

Lo que sí consiguieron ayer los Grupos Parlamentarios de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA, fue reducir la lista de declarantes de los 591 nombres que habían propuesto en conjunto para una primera ronda a 69. Entre ellos figuran los de los tres últimos presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz –por los votos a favor de PP, Podemos y C’s y la abstención de IU–; y el de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez –propuesta respaldada por PSOE, Podemos y C’s, con la abstención, de nuevo, de IU–. Lo hicieron tras unas ocho horas de reunión a las que, según fuentes del órgano parlamentario, puso fin de «forma repentina» el presidente del mismo, Julio Díaz (C’s) al anunciar que «se tenía que ir». Arranque que desde C’s niegan. «Dio por terminada» la sesión de trabajo, dicen, porque «el único punto del día era elaborar el listado», aunque otras formaciones estaban dispuestas a «abordar el orden» de los comparecientes. En relación a él, se ratificó que los primeros en acudir, tal y como se acordó en la anterior reunión, serán el interventor general de la Administración autonómica y los ocho provinciales, aunque, sus intervenciones no se producirán a mediados de febrero, como estaba previsto, porque, según informaron fuentes de la comisión a este periódico, «no se ha dado inicio a los trámites necesarios para citarlos cuando se debía para que eso fuera así». El propio Díaz admitió que ese retraso será inevitable al finalizar el cónclave.

Al margen de los tiempos, entre los llamados se encuentra el hoy titular de Empleo, José Sánchez Maldonado y sus antecesores José Antonio Viera, Antonio Fernández –investigado en uno de los procesos judiciales abierto sobre los cursos–, Antonio Ávila y Manuel Recio. A ellos se suman otros ex consejeros: los de Educación Luciano Alonso y Mar Moreno, así como el de Hacienda Ángel Ojeda –también investigado–. No salió adelante, en cambio, la petición de los populares de incluir en la hilera a las actuales dirigentes de las consejerías de Hacienda y Educación, María Jesús Montero y Adelaida de la Calle, respectivamente, «porque PSOE y C’s lo impidieron», según fuentes populares. Igual que en el caso del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien afirmó que «lo suyo –los ERE– no era nada» comparado con formación; y en el del ex interventor general, Manuel Gómez. Excluidos quedaron también el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y los ex dirigentes de ese partido Luis Pizarro y Rafael Velasco, a quien «se le podría llamar más adelante con los empresarios que se beneficiaron de los fondos públicos», según algunas fuentes. No será interrogado tampoco, como pretendía C’s, el marido de la jueza Mercedes Alaya, el auditor Jorge Francisco Castro, ni altos cargos de otras comunidades, como querían los socialistas.

Sí visitarán las Cinco Llagas el alcalde de Punta Umbría (Huelva), quien llegó a ser detenido por las ayudas recibidas para su negocio hostelero El Paraíso; los empresarios José María Pérez –ligado a Delphi–; y José Silvianes –de Formación Integral para el Empleo–; o Federico Fresneda, el ex tesorero de UGT-A, sindicato cuya gestión también analizan los tribunales.

El plan de trabajo de la comisión deja abierta la puerta a una segunda tanda de señalados.