Díaz trata de blindarse en la Junta y neutraliza la limitación de mandatos

El Consultivo, en un informe encargado tres días después de las primarias del PSOE, dice que es «inconstitucional». Un voto particular alerta de que el dictamen ha sido promovido por los socialistas en busca de una excusa jurídica

Susana Díaz perdió las primarias del PSOE ante Pedro Sánchez el 21 de mayo; un día después, el PSOE andaluz aceleró la convocatoria de su congreso regional para evitar una candidatura de los sanchistas; y esa misma semana, el día 25, el Consejo Consultivo recibió el encargo del vicepresidente de la Junta para que, «con carácter de urgencia», emitiera un dictamen sobre la posible inconstitucionalidad de la limitación de mandatos del presidente de la Junta y los consejeros del Ejecutivo. Este órgano ya se ha pronunciado y concluye que el vigente Estatuto de Autonomía «rechazó expresamente» esta posibilidad «durante la tramitación de la propuesta de reforma de dicho Estatuto». El informe cuenta con un voto particular del consejero Francisco Gutiérrez, al que se añade José Antonio Sánchez, muy crítico con esta conclusión.

Las prisas de la Junta de Andaluicía vienen motivadas por la tramitación de un proposición de ley presentada por el PP y admitida a trámite por unanimidad, en la que que se propone la modificación de la ley del gobierno de la comunidad autónoma. Entre otras cosas, propone «inelegibles como presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, los miembros del Parlamento que hayan ejercido la Presidencia durante dos legislaturas», así como los consejeros o viceconsejeros que hayan ostentado estos cargos durante dos legislaturas, salvo que hayan transcurrido cuatro años desde la terminación de su último mandato. La limitación de mandatos es, además, un compromiso recogido en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos.

El dictamen del Consultivo plantea que la proposición de ley del PP «incurre en inconstitucionalidad indirecta por vulneración del Estatuto de Autonomía y así podría ser declarado por el Tribunal Constitucional». Esto es precisamente lo que buscaba el Grupo Parlamentario Socialista, verdadero promotor de esta consulta a juicio de los consejeros que firman el voto particular, lo que en sí mismo constituye un «auténtico fraude de ley».

Este asunto no es menor, ya que aunque formalmente la petición de dictamen la traslada el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, «el sujeto consultante» es el Grupo Parlamentario Socialista, que no está legitimado para recurrir al Consultivo, lo que establece un «nefasto precedente que pone en tela de juicio tanto el principio de separación de poderes como las reglas del juego parlamentario» y que «sitúa al Consejo Consultivo de Andalucía en una posición de vulnerabilidad ante la instrumentalización política de la institución».

Un segundo motivo por el que nunca debió admitirse a trámite esa solicitud, a juicio del consejero Francisco Gutiérrez, es que no se justifica «la especial trascendencia o repercusión del objeto de la consulta», otro requisito imprescindible. El vicepresidente Jiménez Barrios se limita a trasladar la petición del PSOE al Parlamento para que éste requiera al Gobierno andaluz que solicite un informe jurídico al Consultivo.

El voto particular sí aclara otros mecanismos mediante los cuales el Consejo de Gobierno sí puede recabar la opinión del Consultivo. Igualmente, también entra al fondo de la cuestión y avala la constitucionalidad de limitar por ley los mandatos de los presidentes y consejeros autonómicos.

Contrariamente al resto de consejeros, considera que el Estatuto de 2007 no impone «un modelo preconcebido hasta sus últimos detalles» y que una cosa es que el Parlamento no incorporara al texto «la citada limitación» y otra muy distinta que la «prohibiera».

En cualquier caso, y como se apunta en el voto particular, hay que tener en cuenta «la nula repercusión jurídica que en sede parlamentaria puede tener un dictamen del Consejo Consultivo, que si no es vinculante para quien lo solicita, menos puede serlo aún para quien no lo ha solicitado». El asunto, por tanto, seguirá políticamente vivo.