Dos testigos señalan a la Junta por las irregularidades en Delphi

Dos testigos señalaron ayer que la Junta de Andalucía fue quien marcó las pautas sobre el tipo de relación laboral que los 416 ex trabajadores de Delphi que siguieron cursos remunerados tuvieron con las entidades que impartieron esta formación y cuyas irregularidades están siendo juzgadas. Estos dos testigos fueron miembros de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca), última de las entidades que ofreció este tipo de formación remunerada que permitía a los ex empleados de Delphi que no encontraban trabajo percibir un salario y cotizar a la Seguridad Social.

En 2013, un año después de que acabara esta formación, la Inspección de Trabajo alertó de que había irregularidades en el mecanismo de contratación, en un informe en el que advirtió de que «un desempleado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por asistir a un curso formativo». Por ello se consideró que había habido en este caso una simulación de contrataciones y el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) sancionó a las fundaciones y empresas que impartieron esta formación, activada en el 2009 para los ex empleados de Delphi que habían agotado el subsidio por desempleo y seguían sin encontrar un trabajo. Entre ellas estaba Fueca, a la que se le reclamó que devolviera las cantidades aportadas en estas contrataciones. En total 6.250 euros por cada trabajador que había seguido la formación en esta institución, lo que sumó más de dos millones de euros. Agotadas las vías administrativas para recurrir esta sanción, Fueca acudió a la vía penal, con una demanda en la que alegó que en el sistema de contratación que se estableció intervinieron los representantes sindicales, los extrabajadores y la Junta de Andalucía, por lo que entendía que eran los actores y responsables de este posible fraude.