El alcalde de Granada actuó de forma «ilícita y arbitraria» fraccionando contratos

El auto por el que el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, cita a declarar como investigado al alcalde de Granada y a otros altos cargos de la Junta, detalla varias irregularidades en la gestión de la Administración regional.

El auto por el que el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, cita a declarar como investigado al alcalde de Granada y a otros altos cargos de la Junta, detalla varias irregularidades en la gestión de la Administración regional. No sólo por trasladar a empresas privadas el trabajo de funcionarios, sino por la forma elegida para hacerlo.

En el texto, consultado por LA RAZÓN y notificado ayer a las partes, señala que «la ilicitud de la contratación efectuada no sería tan sólo sustantiva o material (...) sino también de tipo procedimental, pues en todo caso se habría acudido al instrumento del contrato menor de servicios, mediante la concatenación sucesiva y fraccionada del mismo». El juez, abundando en este extremo, señala que esta práctica habría tenido como resultado «la huida del procedimiento ordinario de contratación con el fin de eludir los mecanismos de publicidad y concurrencia que rigen en el mismo».

Este fraccionamiento «se habría llevado a cabo en los distintos niveles, dividiendo la contratación por provincias y por anualidades» pese a que el programa que las empresas deberían verificar era de carácter plurianual. En este caso, que denunció en Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el juez considera que hay una «continuidad» en las irregularidades anteriormente expuestas, lo que «constituiría un fraude de ley».

Francisco Cuenca, que fue delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta en Granada, «habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la economía social en la provincia de Granada durante los ejercicios 2010 y 2011». El auto detalla que se hizo «como un contrato menor de servicios y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados y concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva» por 12.412 euros en 2010 y 12.000 euros en 2011.

El ex delegado provincial de Granada adjudicó estos contratos a dos empresas «de forma injusta y arbitraria» a las que se les entregó «documentación administrativa (...) presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».

Junto a Cuenca, que declarará en diciembre, también lo deberán hacer otros nueve altos cargos de la Consejería, entre ellos, la ex jefa de servicio de Economía Social de la Delegación de Málaga Marta González del Valle, la ex secretaria general de lMálaga Isabel Gálvez y el ex jefe de servicio de Economía Social de Jaén Miguel Ballesta.

El alcalde de Granada defendió ayer su actuación en este caso que redujo a una cuestión administrativa y no de corrupción, al tiempo que hizo un llamamiento a la «estabilidad».

Por su parte, C’s anunció que esperará a ver cómo queda la cuestión antes de tomar una decisión. Juan Marín dijo que con José Torres Hurtado, «tuvimos muchísima paciencia, toda la que el PP no tiene». Los populares reclaman la dimisión del Cuenca.