El auditor de Mercasevilla, «cooperador necesario» del fraude

Alaya le imputa un delito continuado de malversación por falsear resultados anuales

El abogado Joaquín Moeckel acompaña a Antonio Ángel Vela en su entrada en los juzgados
El abogado Joaquín Moeckel acompaña a Antonio Ángel Vela en su entrada en los juzgados

La investigación del presunto delito societario en Mercasevilla, una de las tres ramas del caso, avanza. La juez Alaya trata de esclarecer las irregularidades detectadas en las cuentas anuales del mercado municipal hispalense, que en 2008 presentó pérdidas por valor de 7.888.285,42 euros, aunque la directiva repartió dividendos por valor de 258.000 euros. Ayer tomó declaración a José Ignacio Rivero, socio de la auditora Price Waterhouse Coo-pers, a quien la magistrada inculpa «en calidad de cooperador necesario y extraneus», en un delito continuado de malversación de caudales públicos y en otro delito societario continuado en su modalidad de falsedad en las cuentas anuales.

Alaya sostiene que esta auditora, que venía realizando el informe de sus cuentas desde 2002 a 2008, contribuyó a las «graves anomalías contables» que obligaron a reformular el ejercicio 2008 y que se arrastraban de ejercicios anteriores. Rivero era quien firmaba dichos informes de idéntica forma: «Las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de Mercasevilla». De ahí que Alaya sostenga que «colaboraría necesariamente con los miembros de la directiva de Mercasevilla» hoy imputados (Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo), al «omitir intencionadamente ciertas prácticas contables inadecuadas, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aplicable». De hecho, el patrimonio neto a 1 de enero de 2009 por las mismas razones pasaría de 12,3 millones a 3 millones.

La juez repasa las mencionadas prácticas que conducirían al falseamiento de la situación económica-financiera y patrimonial. Hasta catorce casos concretos que Rivero negó conocer.

Una de las actuaciones más relevantes se corresponde con el compromiso de la Junta de Andalucía de abonar 9 millones del ERE de 2007, algo que recogía el seguro con el Banco Vitalicio. Al no cumplirse la cofinanciación por parte de la Administración andaluza, «parece claro que la dirección debió plantearse que el compromiso no existiese realmente, por lo que tendría que contar dicha partida como pérdidas, lo que podría generar que la sociedad incurriera en causa de disolución». Según Alaya, a 31 de diciembre de 2008 la empresa ya conocía que la Junta no había hecho frente a los pagos y no lo haría hasta una año después.

Otras irregularidades detectadas hacen mención a la contabilidad de pagos comprometidospor Sanma por el contrato de compraventa de los suelos; un crédito de 423.000 euros que tenía la sociedad con la Fundación Socio-Asistencial pese a las evidencias de la imposibilidad de cobro dada la precariedad económica de la mencionada fundación; las sanciones impuestas por la Dirección General de Pesca y Agricultura y no contabilizadas; un premio extraordinario de jubilación que se abonó a nueve trabajadores que no fue contabilizado como gasto; o los 76.000 euros entregados a la Asociación de Mayoristas del Pescado, por «supuestos servicios de asesoramiento y reembolso de palets de plástico», sin facturas ni contratos.

El auditor aseguró «desconocer cualquier irregularidad» y que las mismas «se investigan en este momento» y, en concreto, respecto a las rentas del ERE de 2007, alegó que «en modo alguno» era conocida la falta de sustento financiero del procedimiento porque la póliza de seguro de rentas contratada con Vitalicio, en la que figuraba la Junta como fuente de pagos, «establecía con exactitud los importes a pagar por la Junta» y Vitalicio «era una entidad absolutamente relevante». Así, la participación de la Junta, según Rivero, «era indubitable», pese a no estar la póliza firmada por ella.

Respecto a los pagos a la asociación de mayoristas, Antonio Ángel Vela, su ex presidente, asumió la «responsabilidad» si Mercasevilla no tiene alguna factura y el importe de una subvención, pero «se trata de un error». A él y a su hija, la juez le imputa delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en su condición de extraneus y un delito de tráfico de influencias.