El bipartito añade más ruido al avispero nacional del déficit

El debate sobre el umbral de déficit se está convirtiendo en un serio problema para el Gobierno. El Ministerio de Hacienda no ha encontrado una fórmula para contentar a todas las comunidades o, al menos, para que todas queden razonablemente insatisfechas. Parte este problema del anuncio por parte del Ejecutivo de negociar objetivos diferenciados en función de la situación de cada territorio. Comunidades que han hecho un gran esfuerzo de recorte, como Madrid o Extremadura, se sublevan. Extremadura, por ejemplo, ha pasado en un año del 4,73 por ciento al 0,69 de 2012. Castilla-La Mancha batió plusmarca a base de planes de ajuste: del 7,87 al 1,5 por ciento, el listón que quedó marcado para el conjunto de las regiones.

Andalucía forma parte del pelotón de las cinco comunidades que incumplió el déficit en 2012. Medio punto por encima (el 2,02 por ciento), lo que equivale a una desviación de 700 millones de euros. La relajación del objetivo global por parte del Gobierno –del 0,7 por ciento inicial para este año al 1,2 por ciento– le da cierto margen, pero Andalucía va muy justa debido a los 700 millones que arrastra del ejercicio anterior y que tiene que recortar, tal y como dejó claro Cristóbal Montoro.

Esto explica que la Junta exija, como viene haciendo en los últimos años, un objetivo diferenciado para cada comunidad, pero ni siquiera los miembros del bipartito (PSOE-IU) se ponen de acuerdo, lo que contribuye a añadir más ruido en el avispero del déficit que hay abierto en estos momentos a nivel nacional.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), planteó ayer que en una situación de emergencia como la que vive España en estos momentos, no se exija cumplimiento del déficit. Apeló al artículo 135.4 de la Constitución, que recoge que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse «en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera (...)». No obstante, este artículo de la Constitución comienza señalando uno de los empeños del actual Gobierno: «Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria». Y para hacer cumplir esta estabilidad, el Gobierno se dotó precisamente de una norma que da al Estado poder hasta para intervenir comunidades en el caso de incumpliento de sus planes de reequilibrio.

El presidente andaluz, por su parte, se mostró ayer partidario de habilitar una «fórmula objetiva» que tenga en cuenta lo que cada comunidad recibe de financiación y su nivel de endeudamiento. Es decir, los dos argumentos en los que se apoya Griñán para justificar que Andalucía hasta ahora haya incumplido el déficit. De hecho, ayer recordó que mientras Extremadura recibió en 2010 2.510 euros por habitante, Andalucía recibió 2.196. Fue Andalucía, hay que recordarlo, concretamente Griñán quien bendijo el actual sistema de financiación e incluso reclamó parte de su partenidad al haber tenido en cuenta el Gobierno de Zapatero el aumento de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades en IVA e IRPF (impuestos cedidos en un 50 por ciento).

«El objetivo de déficit no tiene que contemplar solamente la uniformidad de todos los territorios sino partir, en primer lugar, de la aplicación del modelo de financiación. En segundo lugar, de la situación de endeudamiento. Y en tercer lugar de si el déficit es cíclico o estructural. Si no hacemos esto, el llamado café para todos sería injusto», deslizó. Antes, la Junta llegó a pedir hasta que el PIB se midiera en función de la población. La guerra del déficit está servida.