El calendario de pagos muestra cómo se falseaba el Presupuesto

La Consejería de Economía y Hacienda transfería anualmente el dinero a la Agencia IDEA para que abonara los pagos por orden de la Consejería de Empleo con cargo al «fondo de reptiles». El dinero iba destinado a pagar las prejubilaciones y las subvenciones directas a empresas sin publicidad ni libre concurrencia. Lo llamativo es que el calendario de pagos ocultaba que los fondos públicos destinados a esta materia fueran subvenciones –como reclamó hasta en 15 ocasiones la Intervención General– sino que se computaban como transferencias de financiación al ente instrumental, lo que permitía obviar los controles que hubieran impedido el fraude. Esta es la tesis que mantiene la juez Mercedes Alaya y el motivo principal de la imputación de todos aquellos que por acción u omisión han permitido la implantación de este modelo durante una década en el seno de la Junta de Andalucía. La documentación a la que ha tenido acceso ese periódico muestra cómo desde la Consejería de Hacienda se facilitaba esta práctica.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda elaboraba anualmente el calendario de pagos para atender los programas de los centros directivos. En el caso de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo se remitían, previo paso por la Viceconsejería de Empleo, las necesidades financieras para atender los abonos de ese año. Con el Presupuesto aprobado, el mecanismo se ponía en marcha. Los pagos hacia la Agencia IDEA –la empresa pública que pagaba el dinero tras una simple orden de Empleo– por el departamento que dirigieron Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán se ordenan de manera mensual, siempre por la misma cantidad, salvo el primer mes del año en el que se suele incluir una cantidad mayor para cuadrar el desfase del anterior ejercicio. Esta práctica se repite hasta que se cambió el sistema, ya con la investigación judicial en marcha, en 2012.

En la justificación para la elaboración del calendario de pagos, el centro directivo de la Consejería de Economía y Hacienda se ampara en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que autoriza créditos a la Agencia IDEA en concepto de «transferencias corrientes». Por ejemplo, en el caso del ejercicio 2006 el total asciende a 78.331.000 euros, de los que 77.291.000 corresponden a la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles». Las cantidades van destinadas a «atender actuaciones incluidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación» del ente instrumental.

El uso de las transferencias de financiación para el pago de subvenciones constituye una práctica irregular. El ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Lozano, así lo admitió ante a magistrada durante su breve declaración. En concreto, Lozano respondió afirmativamente cuando la instructora le preguntó: «¿Es cierto que de acuerdo con su regulación legal dispersa en varias normas, las transferencias de financiación que tienen como destinatarias las empresas publicas como IFA/IDEA, son créditos destinados a efectuar pagos para la financiación de operaciones genéricas, para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o para enjugar pérdidas de ejercicios anteriores?».

No fue el único que mantiene este criterio. Su sucesor en el cargo Buenaventura Aguilera trasladó ante los agentes de la Guardia Civil en su declaración como testigo que «desde 2002 a 2009 se usó la transferencia de financiación de forma inadecuada».

De hecho, nada más llegar al cargo en 2009 aprobó una instrucción señalando que con esa práctica se estaba «dificultando, no ya sólo, la rendición de cuentas sino que impide también visualizar las políticas realizadas por las distintas consejerías, al tiempo que ofrece una imagen distorsionada de la financiación de las empresas públicas, ello sin obviar los diversos problemas que se plantean en el ámbito del control de este tipo de actuaciones». Ante la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía Anticorrupción, que en varias ocasiones ha discrepado con la juez, sí ha avalado su tesis en esta materia. Así,rechazó el recurso de la Junta contra la imputación de veinte cargos y ex altos cargos de la administración andaluza al considerar que el «uso perverso» de las transferencias de financiación y de las modificaciones presupuestarias permitió «dilapidar fondos públicos». El Ministerio Público concluyó que «la fórmula montada tiene apariencia formal de legalidad, pero una última finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva».

La Cámara de Cuentas también denunció en su informe sobre las ayudas sociolaborales que «en el proceso de elaboración de los presupuestos de la Consejería y de modificación de los mismos, se ha realizado una clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como 'transferencias de financiación' del programa 31L lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones».

Declaración de Salgueiro

Hoy está citado ante Alaya el ex viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004, José Salgueiro. Según la juez, el «número dos» de Magdalena Álvarez fue «la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003».