El Defensor insta a la Junta a asumir los servicios de EPES y a incluir cláusulas sociales

Recuerda que «las condiciones laborales precarias tienen efectos negativos»

La empresa de emergencias sanitarias tiene varios frentes judiciales abiertos

Toque de atención del Defensor del Pueblo a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, EPES 061. La oficina que dirige Jesús Maeztu, tras las quejas formuladas por el sindicato CGT Andalucía en relación a la subcontratación de los servicios de Salud Responde y Cita Previa de Salud Responde, da un plazo de un mes a la dirección de la empresa pública para «que manifieste si acepta las sugerencias y recomendaciones emitidas» por este comisionado de la Junta de Andalucía sobre su resolución.

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda que «se haga un especial seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral por parte de la empresa adjudicataria y se adopten, en su caso, las medidas procedentes de acuerdo con las normas reguladoras de la contratación administrativa en el sector público para asegurar el eficaz funcionamiento del servicio».

La Oficina del Defensor también insta a la «incorporación de cláusulas sociales y ambientales a la contratación pública en los próximos pliegos rectores de la contratación del servicio de Cita Previa de Salud Responde», así como «una estipulación sobre garantías laborales del personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del contrato, en la que se prevea la posibilidad de resolución del mismo en caso de incumplimiento de las normas laborales vigentes».

La Defensoría también insta «para la determinación del presupuesto de licitación de este servicio, en el que el elemento personal es fundamental en la prestación objeto de contrato, que se tenga en cuenta la estimación de los costes salariales del personal que ejecutará el contrato en relación con un convenio de referencia y que permitiría, a su vez, la inclusión de cláusulas sociales o condiciones especiales de ejecución en la contratación que permitieran valorar un aspecto esencial para la eficiencia de la prestación del servicio objeto de este contrato como es el de la consideración de las retribuciones salariales de las personas destinadas a la ejecución del mismo».

Maeztu señala que «teniendo en cuenta que unas condiciones laborales precarias pueden tener efectos negativos no sólo en el rendimiento de las personas trabajadoras que ejecutan el contrato sino también en la eficacia del servicio a prestar, sería conveniente que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de este contrato se pudiera determinar la plantilla mínima que debe ejecutar el contrato y sus cualificaciones profesionales, así como indicar los recursos necesarios para atender los distintos niveles de demanda, como condiciones de ejecución del mismo». El Defensor aboga por «valorar, entre otros criterios selectivos de la mejor proposición, un dimensionamiento de la plantilla por encima del mínimo exigido que redundaría en una ejecución más eficiente del contrato».

CGT destaca que el Defensor «requiere empleo estable y de calidad favoreciendo la contratación de larga duración y a jornada completa así como a garantizar la efectiva conciliación personal, laboral y familiar». «Se afirma que las condiciones laborales precarias tienen efectos negativos tanto en el servicio que se presta como en las personas trabajadoras», resume el sindicato, que destaca que el Defensor reclama a EPES «que en los Pliegos de Prescripciones Técnicas se determine la plantilla mínima para ejecutar el contrato y la cualificación profesional requerida». Además, «se insta nuevamente al Consejo de Gobierno de la Junta, conforme a la resolución del comisionado de la queja de oficio 15/5470, a poner en marcha una norma con rango de ley para la asunción o reversión de servicios externalizados y de los recursos materiales, financieros y humanos afectados».

CGT valora «positivamente aunque insuficientes las nuevas resoluciones del Defensor del Pueblo, que vuelve a evidenciar las prácticas explotadoras de la EPES respecto a las plantillas de las subcontratas, en este caso Salud Responde y Cita Previa, además de los incumplimientos flagrantes de las garantías de cláusulas sociales en las licitaciones que realiza esta empresa dependiente de la Consejería de Salud» de la Junta.

En los juzgados

A las recomendaciones del Defensor se suman los frentes judiciales abiertos. En primer lugar, una denuncia de la CGT en un juzgado de Málaga por contratas de medios aéreos para ésta por la que se abrieron unas diligencias que finalmente ha asumido el de Instrucción número 8 de Sevilla. Por su parte, otro órgano judicial malagueño se ocupa de presuntas irregularidades en torno a la gestión telefónica de las emergencias, del 061. También está en el punto de mira el transporte de enfermos críticos la compra de ambulancias, donde la CGT cree «que hay gato encerrado».