El diputado provincial cuya dimisión exige C’s, a las puertas del juicio oral

El Ayuntamiento de Granada, que se ha personado como responsable civil subsidiario en la «Operación Nazarí», celebra hoy su primer Pleno ordinario tras las dimisiones. El foco, no obstante, más que en la sesión plenaria –sin mociones ni solicitudes de información ni ruegos– se centrará en el portavoz socialista Francisco Cuenca, que opta a la Alcaldía, y en su reacción tras la proximidad del juicio oral del diputado provincial socialista cuya dimisión exige Ciudadanos. PSOE asegura que ahora sólo negocia con C’s «echar cualquier sombra de corrupción» del Ayuntamiento granadino. El PP de Granada exige el cese «fulminante» de Mariano Lorente y la concejala de Turismo y candidata del PP a la Alcaldía, Rocío Díaz, defiende que su partido tiene «hasta el día en que se celebre el Pleno» de elección de alcalde, el 5 de mayo, para cerrar un acuerdo con C’s. IU pide al partido naranja que no use la dimisión de Lorente como «excusa» para no «echar» al PP. Por su parte, Vamos Granada propone al PSOE cinco puntos para «cambiar Granada» basados en «transparencia y participación».

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha transformado las diligencias previas contra el ex alcalde de Iznalloz y diputado provincial de Deportes y Administración Electrónica, Mariano Lorente, por supuestas contrataciones «a dedo» en su etapa al frente del Ayuntamiento, en procedimiento abreviado, por lo que está a las puertas del juicio oral. Lorente recurrirá al entender que las diligencias practicadas «omiten documentos fundamentales» para su defensa. «Los contratos no se realizaron de manera arbitraria, sino por orden alfabético siguiendo el listado de los inscritos en la bolsa de empleo», alegó. En un auto de fecha 12 de abril, el magistrado José Luis Ruiz Martínez considera que los hechos «pudieran ser constitutivos del delito de prevaricación». El caso se abrió tras la denuncia que interpuso el actual equipo de Gobierno –PP y el independiente Pimog–, por un posible delito de prevaricación continuada por contrataciones «a dedo» a pesar de los reparos de la intervención. La actual alcaldesa, Ana Belén Garrido, acusó al socialista de primar «la afinidad ideológica». La denuncia dejaba abierta la posibilidad de que se derivasen otros delitos «dado el absoluto quebranto económico» que Lorente habría generado en el Ayuntamiento, según la información de la que ahora dispone el PP y su socio de Gobierno. Los populares denunciaron alrededor de un centenar de «contrataciones irregulares» que cada año habría realizado Lorente y, especialmente, hasta 125 contratos que realizó supuestamente sin ningún procedimiento y contra 28 reparos de la Intervención y la Tesorería, entre enero y mayo de 2015, es decir en vísperas de la campaña.