El ente de la Junta para combatir el paro tiene la mitad de sus plazas sin cubrir

El SAE cuenta con 2.966 puestos de trabajo, de los que están ocupados 1.550. Además, en 2012 se despidió a 1.611 asesores.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se ha dejado a parte de su personal por el camino en los últimos años. De hecho, el titular de la consejería de la que depende, José Sánchez Maldonado, ha admitido en una respuesta parlamentaria que éste cuenta con una relación de puestos de trabajo (RPT) de 2.966 plazas, de las que están «actualmente ocupadas» 1.550, es decir, el 52 por ciento, o, en otras palabras, casi la mitad de los huecos existentes en el órgano que tiene a su cargo la asesoría de los parados, en una comunidad con 972.228 desempleados registrados en enero, están sin cubrir.

Además, de las respuestas de Maldonado a una batería de preguntas planteada por la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero se desprenden otros datos afilados. El consejero atribuye a «los drásticos recortes que el Gobierno central realizó en 2012 en los fondos destinados a las políticas activas», el hecho de que la Junta no pudiera «asumir» el pago de los salarios de los agentes locales de promoción de empleo (Alpes), lo que provocó «el despido por parte de los consorcios Utedlt, del personal que venía prestando servicios en los mismos a 30 de septiembre de 2012». Se echó entonces a 696 Alpes y 89 directores de las Utedlt, 785 personas en total, muchos de los cuales recurrieron a los tribunales. Es más, Sánchez Maldonado apunta que desde mediados de 2015 se están ejecutando las sentencias «firmes» de los juzgados de lo social que han declarado nulas las «extinciones contractuales en los procesos de despido colectivo» y que han «condenando solidariamente, no sólo, a la agencia Servicio Andaluz de Empleo y a los consorcios Utedlt, sino, en ocasiones, también a los ayuntamientos consorciados, y a la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo», admite el alto cargo.

Y hay otro foco de salidas laborales del que se responsabiliza de nuevo al Ejecutivo central. Se asevera en la contestación, localizable en el BOPA, que «la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado redujo los recursos financieros destinados a las políticas activas de empleo», lo que conllevó «la finalización de los programas destinados a la contratación de personal de refuerzo en oficinas» con tareas vinculadas a «la orientación profesional y a la intermediación laboral». Así, el 30 de junio de 2012, se materializó «la finalización anticipada de los contratos de 413 promotores de empleo» y el 31 de diciembre de ese mismo año se puso en la calle a otros «413 orientadores laborales». Entre ellos también hay quien cuenta ya con fallos judiciales a su favor que obligan a la Junta a su reincorporación. El consejero asegura que se están «integrando progresivamente a las mismas oficinas en las que prestaron servicio desde el inicio de su contrato», que coinciden con aquéllas en las que «se nombró personal interno de refuerzo» después. ¿A cuántos se han readmitido por ahora? Se ha rescatado a 166 trabajadores, el 20 por ciento de un global de 826 despedidos en este segundo bloque, que se suman a los mencionados 785 –1.611 en conjunto– que engrosaron las listas del paro el mismo ejercicio, según lo desvelado por el titular de Empleo.

Ruiz-Sillero se interesó además por las funciones y los puestos del personal laboral procedente de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya gestión analiza la Justicia, punto en el que Sánchez alega que el catálogo de cargos del propio SAE «se encuentra en elaboración», aunque sí explica que parte de las unidades de la red Andalucía Orienta «son competencia» de la agencia y sus trabajadores «personal laboral propio» de ésta. Aporta números del colectivo de ex Faffe, de los que se desprende que son 1.118 personas, de las que una se considera directivo, 9 mandos, 22 mandos intermedios, 784 técnicos, 161 administrativos y 141 de «apoyo». Estos trabajadores no pueden desempeñar potestades públicas lo que les impide, por ejemplo, tramitar ayudas.