El ex director de la Faffe señala al actual SAE por no hacer más de 400 cursos

Destaca que tras su extinción en 2011, el SAE debió continuar con la formación de 2009 y 2010, denunciada por la Cámara de Cuentas

«Pido encarecidamente al SAE que aclare la situación de la Faffe». Así terminó su comparecencia ante la comisión de investigación de los cursos de formación el ex director general de la Faffe Fernando Villén. Previamente, tanto él como el ex Director de Organización y Sistemas Joaquín Morales, ofrecieron la misma versión sobre el funcionamiento del ente público, una visión alejada de lo que ha denunciado la Cámara de Cuentas; de lo que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla; o de lo que han dicho públicamente algún consejero de la Junta –José Sánchez Maldonado llegó a decir que le «abochornaba» un contrato firmado por la Faffe sobre el alquiler de unas sedes–. El segundo, «número dos» del ente público, llegó a asegurar que ha sido el «instrumento más importante de la Unión Europea en políticas de empleo».

Por su parte, Villén, que compaginó el cargo de director del ente público con la Secretaría de Empleo en la Ejecutiva Regional del PSOE andaluz durante algo más de un año, trazó una línea roja: en mayo de 2011, cuando la Faffe queda extinguida y sus obligaciones subrogadas en el Servicio Andaluz de Empleo, es el SAE el que ha debido ejecutar los cursos pendientes y responder a los requerimientos de información de la Cámara de Cuentas –o tribunales de justicia–.

En concreto, el órgano fiscalizador denunció, entre otras cosas, un agujero producto de dos subvenciones nominativas que la Consejería de Empleo concedió a la Faffe por valor de 24,5 millones de euros y 24,3 millones de euros en los años 2009 y 2010, respectivamente, pero que no están justificadas. La Cámara de Cuentas también denunció que 36 cursos del año 2009 no llegaron a realizarse, y 386 de 2010 estaban pendientes de ejecutar. En total, 422 cursos –a los que habría que añadir algún resto de la programación del 2008– que el SAE, una vez que asume todas las obligaciones de la Faffe, «debió ejecutar». El antiguo máximo responsable de esta Fundación pida ahora que el SAE ofrezca la información sobre estos cursos y que han motivado la apertura de una pieza separada en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que investiga el presunto fraude en la formación.

Villén, como todo su equipo directivo, fue despedido por la Junta en agosto de 2011, tres meses después de su integración en el SAE –los dos comparecientes aseguraron que han recurrido al autoempleo tras estar en el paro– también desveló que la mayoría del personal de la Faffe subrogado tenía un contrato por obra y servicios. «¿Han pasado a ser ahora personal laboral subrogado en el SAE de manera indefinida?», se preguntó el diputado de Podemos Juan Moreno Yagüe.

Esto supondría un trato de favor hacia este colectivo, ya que ex trabajadores en parecidas circunstancias vinculados a los ALPE o los Memta fueron despedidos y han tenido que pleitear con la Junta en defensa de sus derechos laborales.

Hay que recordar que en una respuesta parlamentaria de enero de 2014, el actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó de que el total de la plantilla de la ex fundación asumida por el servicio autonómico de empleo es de 1.139 personas –en Almería se contabilizan 65, 182 en Cádiz, en Córdoba 89, en Granada 81, 73 en Huelva, 62 en Jaén,87 en Granada y 500 en Sevilla–. Una cuantía que supone un coste de 24.409.736,21 euros, con un gasto en Seguridad Social de 8.450.401,10 euros.

Sin embargo, Villén no recordaba los datos de masa salarial de los empleados de la Faffe durante sus ocho años de gestión al frente del ente público. Este hecho contrastaba con los datos estadísticos que sí recordaba a la perfección y que llevaba convenientemente apuntados para responder a las preguntas del PSOE. Exactamente lo mismo hizo su «número dos», que compareció previamente.

Los dos directivos también respondieron a las casualidades que han permitido que varias familiares hayan trabajado en este ente público. Villén compartía empresa con su mujer, su hermano, la hermana de su señora y un sobrino. En el caso de Morales la nómina se reducía a su hermana y un cuñado. Ambos defendieron los mecanismos transparentes de contratación y la «idoneidad» de las mismas que, en algunos casos, provenían de los Fondos de Promoción de Empleo impulsados por Europa y gestionados por el Gobierno central entre 1984 y 2002, antes de la creación de la Faffe una vez transferidas las competencias de Empleo a la Junta de Andalucía. Sus explicaciones, en este sentido, solo convencieron al PSOE, que en su último turno de palabra comparó la «persecución» que había hecho la oposición por la presencia de varias personas vinculadas a su partido en la empresa pública con los tribunales de 1936 durante la Dictadura.

Sobre el asunto de Delphi, los dos dirigentes remitieron a las explicaciones pormenorizadas que debe dar hoy el gerente provincial de Cádiz. No obstante, Villén admitió que recibió el encargo de formar a los ex trabajadores de la multinacional por parte del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. A preguntas de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero también admitió que las subvenciones excepcionales que recibió la Faffe (hasta un total de cinco) estaban previamente pactadas con la Consejería de Empleo y que él se limitó a presentar la solicitud según las indicaciones que recibió.