El futuro de las pensiones, en números

Decía el economista británico Alfred Marshall que la economía es la ciencia que se ocupa de los negocios ordinarios de la vida. Como quiera que el sustento, tanto de hoy como del mañana, es cuestión ordinaria y principal, las pensiones son motivo recurrente de discusión y, sobre todo, en torno al fundado temor sobre su sostenimiento.

Algunos números que permiten hablar con rigor de este asunto son éstos. En España hay actualmente 9 millones de pensionistas sumando los jubilados, los que reciben una pensión por incapacidad permanente, por viudedad, por orfandad o por razón de parentesco. Sin embargo, el interés principal se centra en los jubilados, unos 5,4 millones, en el conjunto de España y 781.685 en Andalucía a fecha de mayo de 2013. La pensión media que recibe un jubilado español es de 978 euros. En Andalucía es casi 100 euros menos en promedio –891 euros–, por los menores salarios que se pagan en la comunidad.

Una cuenta sencilla nos dice que la mensualidad que el Sistema de la Seguridad Social española debe pagar a los jubilados es de unos 5.313 millones de euros que financian, también mensualmente con sus cotizaciones, los 16,6 millones de trabajadores ocupados –según la EPA del primer trimestre de 2013– y los empresarios que los emplean. Del total de ocupados españoles, 2,5 millones son andaluces.

Las cuentas son inmediatas. Cada español con trabajo contribuye a financiar «medio pensionista», en otros términos cada dos trabajadores ocupados «tienen a su cargo a un pensionista». Pero como coincidimos en poner el foco entre la relación entre trabajadores ocupados y jubilados (excluimos a los pensionistas que reciben una pensión por otra causa), la relación es tal que, aproximadamente, cada tres ocupados «tienen a su cargo» a un jubilado.

Igual a muchos no les parece lo anterior una situación angustiosa, habida cuenta de que el salario medio de un ocupado español es de 1.633 euros y una pensión de jubilación promedio, según se ha dicho, asciende a 978 euros –insistimos, 100 euros menos en Andalucía–.

Inmediatamente entonces aparece el argumento demográfico que plantea, al menos, dos cuestiones derivadas de una pregunta central: ¿Qué ocurre si la población envejece de manera que cada vez haya más jubilados a cargo de menos ocupados?

La primera cuestión derivada es, ¿cuál es la edad promedio de los trabajadores ocupados para saber cuánto les queda hasta jubilarse? La mayor parte de los empleados tienen entre 25 y 54 años –13,5 millones en España, de los que 2 están en Andalucía–. Sin embargo, entre los 16 y los 24 años hay 2 millones de desempleados en España que, de encontrar empleo, rejuvenecerían la población ocupada y darían mayor garantía de sostenibilidad al sistema de pensiones.

La segunda cuestión derivada es otra vuelta de tuerca a la pregunta central cuando se tiene en cuenta que cada vez las personas tenemos una mayor esperanza de vida. Por tanto, no sólo tendríamos más jubilados a cargo de menos empleados, sino que además viven más años cobrado la pensión.

Por ejemplo, a comienzos de los 60 del siglo XX la esperanza de vida al nacer en España era de 70 años. En 2011 la esperanza de vida era de 82 años. Por esa razón, expertos como José Antonio Herce afirman que el sistema de pensiones de jubilación en España estaba diseñado para jubilarse a los 65 años, cobrar una pensión durante los cinco años siguientes y ajustar cuentas con Dios a los 70.

En mi opinión, hay varias premisas esenciales desde las que abordar el sistema de las pensiones de jubilación. La primera es asumir como principio básico el respeto que la sociedad debe tributar a las personas mayores. Lo anterior conllevaría estar dispuestos a transferir ingresos procedentes de otros distintos de las cotizaciones a la Seguridad Social al sostenimiento del sistema de pensiones cuando sea necesario.

La segunda es no seguir eludiendo la cuestión de si el sistema de pensiones debe seguir siendo un instrumento para la redistribución de la renta según el cual, quienes han contribuido más, reciben proporcionalmente una pensión menor a favor de quienes han contribuido menos y acaban percibiendo una pensión mayor en relación a lo que han contribuido. ¿No sería mejor que el necesario mecanismo de distribución se hiciese al margen del sistema de pensiones? Por ejemplo, con un sistema mixto de capitalización y de reparto de la pensión donde el segundo asumiese el componente redistributivo.

La tercera es considerar el sistema de pensiones como una conquista social y nacional a mantener, pues ha gozado de un consenso ideológico tan amplio que va desde la falangista Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 a las reformas de los gobiernos socialistas y del PP. La última, sin ánimo de ser exhaustivo, sería una decidida política de apoyo a las familias despojada del miedo «malthusiano» a tener hijos para criarlos en el desempleo y que permitiese frenar el envejecimiento progresivo de la sociedad española.

* Profesor titular de Economía de la US invitado en la Universidad de Lund (Suecia)