El Parlamento niega más medios y personal para los casos complejos

La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía rechazó ayer, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una iniciativa del Grupo Popular para instar al Consejo de Gobierno de la Junta a que, «de forma inmediata, se ponga en contacto con los decanos, presidentes de Audiencias y jueces o magistrados» que en cada provincia tramitan causas de especial complejidad «a fin de dotarlos inmediatamente de los recursos que reclamen».

Según defendió la popular Rosalía Espinosa, este refuerzo se hace necesario en tanto en Andalucía se tramita «un tercio» de los 2.173 procedimientos de especial complejidad de toda España. En concreto, según un informe encargado a principios de año por el Consejo General del Poder Judicial, 656 en un total de cien órganos judiciales andaluces. De ellas, el PP-A destaca que 541 responden a presuntos delitos contra las administraciones públicas y el orden socio económico, es decir, de delitos que, según calificó, Espinosa, pertenecen a la «lista de la vergüenza: blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etc...».

Ante ello, los populares andaluces piden que «no se cumpla el viejo aforismo de 'perro no come carne de perro' y sea el Parlamento el que, en el ejercicio de sus competencias como definen los artículos 147, 148 y 149 del Estatuto, pida que se detecten los juzgados afectados por macrocausas en Andalucía así como sus necesidades de medios materiales y personales, donde es la Junta la que tiene competencias».

«Nuestro Parlamento debe ser punta de lanza en la lucha contra estas conductas. Por ello nuestra obligación es impulsar de forma especial la dotación de los medios necesarios y dignos a los órganos judiciales que están instruyendo o juzgando estas gravísimas conductas contra lo público, en el marco de nuestras competencias y de nuestro Estatuto», justificó el PP.

La proposición no de Ley, a la que el PSOE presentó dos enmiendas que finalmente no han sido aceptadas, fue rechazada por los socios del bipartito, formaciones que criticaron duramente a los populares al considerar que están intentado «engañar a los andaluces» con una iniciativa «trampa» que, además, realiza una «asociación perversa» entre corrupción y medios judiciales, «que no tienen nada que ver».