El paro y la corrupción

En mitad de la reactivación del caso ERE, con la maratón de declaraciones en el despacho de la juez instructora y las investigaciones que apuntan a que había un entramado perfectamente organizado para saquear el dinero público, es oportuno recordar la situación laboral y económica en la que se encuentra la comunidad. Andalucía tiene una tasa de paro que roza el 36 por ciento, casi millón y medio de personas quieren y no pueden trabajar. No pueden salir de la lista negra del Inem. Entre 2008 y 2011, Andalucía perdió una masa de asalariados residentes en la comunidad equivalente a las poblaciones de Jaén y Huelva, según un informe de la Agencia Tributaria que avanza hoy LA RAZÓN. Recientemente, el consejero de Economía, Empleo e Innovación, Antonio Ávila, aseguró en el Parlamento que los casos que investiga la Justicia en relación a partidas para la creación de empleo –ERE, Invercaria o fondos para formación, Bahía Competitiva– no ha incidido en modo algno en la tasa actual de paro. Sí que estos casos han influido. El dinero tramitado irregularmente en el caso de los ERE fraudulentos supera con holgura los mil millones de euros. Eso es más de lo que recibe Andalucía para políticas activas de empleo en años. Además de que el dinero del «fondo de reptiles» fue a parar a empresas afines a dirigentes de la Junta y del PSOE –algunas fantasma–, ahora se constata también que existió una verdadera factoría de saqueo de los fondos a través de elevadas comisiones, empresas pantalla y testaferros. Si todo este dinero se hubiera invertido bien, ¿entre 2008 y 2011 se habrían perdido los asalariados que equivalen a la población de Huelva y Jaén?