El PP centra la responsabilidad política en la cúspide de la pirámide

Apunta a 35 cargos o ex altos cargos, entre ellos Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y cree que el caso comparte «hilo argumental» con el de los ERE fraudulentos.

Los diputados populares Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz Sillero, ayer en la sede regional del partido.
Los diputados populares Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz Sillero, ayer en la sede regional del partido.

Apunta a 35 cargos o ex altos cargos, entre ellos Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y cree que el caso comparte «hilo argumental» con el de los ERE fraudulentos.

Un total de 35 cargos o ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destacan la actual presidenta, Susana Díaz, y sus antecesores en el cargo José Antonio Griñán y Manuel Chaves. El PP apunta en su propuesta de conclusiones a la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación a la cúspide de la pirámide, a los máximos responsables de la Administración autonómica como «responsables políticos» del caso. También figuran en el listado los consejeros María Jesús Montero y José Sánchez Maldonado y los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila, Manuel Recio y Luciano Alonso. Igualmente responsabiliza a diez delegados de Empleo, a seis directores generales de Formación Profesional para el Empleo, a ochos responsables más entre viceconsejeros de Empleo y directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a un director general de la Faffe.

Los diputados populares Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico aseguraron ayer que «hasta 15 hechos probados» apuntan a Díaz, como por ejemplo «la falta de colaboración de la Junta con la comisión de investigación, la ocultación de información fundamental para conocer la totalidad del fraude, la paralización de las políticas de formación profesional con la pérdida de transferencias por valor de 800 millones de euros, la pérdida de 46,9 millones de euros de ayudas europeas o la participación activa en la recepción de fondos para el PSOE, a través de alquileres de las sedes» del PSOE para los cursos de UGT subvencionados por la Junta.

También recordaron el «conocimiento» que la presidenta tendría de los hechos que desembocaron en la dimisión de Rafael Velasco como vicesecretario del PSOE-A y la «ocultación de sus relaciones familiares directas» con el caso.

En cuanto al papel de Montero, destacaron que «recibió todos los informes de actuación –de la Intervención General de la Junta–, instrumentos excepcionales de control, y no tomó las medidas adecuadas pese a las advertencias». De hecho, tuvo constancia de hasta nueve informes de actuación, «uno de ellos señalando menoscabo de fondos públicos», subrayó Ruiz Sillero, quien criticó que la titular de Hacienda «no hizo nada».

En cuanto a las cifras, los dirigentes populares alertaron de que, de los 2.996 millones de euros librados desde 2001 a la actualidad en materia de subvenciones a la formación profesional para el empleo, 539 «siguen sin justificar» y se ha solicitado el reintegro de unos 90 al ser «comprobado» que este importe de ayudas autonómicas fue «gastado irregularmente», si bien hasta el momento la Administración andaluza sólo ha recuperado 7,6 millones de euros.

El fraude, a juicio de los diputados populares, presenta semejanzas con el «caso de los ERE fraudulentos». En ambos casos el «hilo argumental» parte de la «falta de control» de las ayudas, «falta de medios humanos y materiales en la Consejería de Empleo y subvenciones excepcionales y nominativas, siempre a una red clientelar ligada al PSOE». Ruiz Sillero, en este sentido, avisó de que el relato de los hechos indagados sufre aún «dos agujeros negros» en los que «no se ha podido averiguar nada», como son la gestión de la Faffe y el devenir de los consorcios públicos de formación de la Junta. “Del CTI de San Fernando no nos ha llegado ningún documento y tampoco se sabe qué ocurrió en el consorcio de formación de Málaga», criticó.