El PP usa argumentos de Alaya para pedir que se eche a la Junta de la causa

La Razón
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El PP solicita formalmente la expulsión de la Junta de Andalucía del procedimiento judicial de los ERE fraudulentos y lo hace en los mismos términos en los que se ha expresado la juez instructora, Mercedes Alaya, en sus autos. De hecho, recuerda que la Administración autonómica se ha situado en una «posición más propia de una defensa que de una acusación particular (lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía)». Esta cita está extraída de un auto firmado por la magistrada el pasado 22 de julio y ahonda en el argumento de los populares –recogido en el recurso que acaba de interponer– de que la Junta, recurriendo a su vez el auto del pasado 28 de junio en el que se imputa a una veintena de altos cargos del Ejecutivo andaluz, se convierte en «defensora de sus imputados, ocupando una posición procesal incompatible con la que tiene reconocida, que es la de acusación particular».

Precisamente, el PSOE cargó duramente contra Alaya a tenor de este auto, acusándola de abrir una «causa general contra los gobiernos de Griñán y Chaves». En concreto, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, criticó que en el escrito «sólo había motivaciones políticas y no jurídicas» y solicitó a la Fiscalía que «actúe» para que «así se demuestre que funciona el Estado de Derecho».

«¿Los demás imputados hasta ahora no tenían derechos fundamentales? ¿Es la Junta garante de estos derechos cuándo y con quién le interesa?», se pregunta el PP, al tiempo que censura que la Administración autonómica «ha venido obstruyendo reiteradamente la investigación policial». En este punto, insiste en que «ha retrasado la entrega de documentación hasta fechas recientes y ha planteado conflictos de jurisdicción al negarse a entregar las actas del Consejo de Gobierno.

Sin embargo ahora, cuando Alaya imputa a 20 altos cargos, entre los que se encuentra la ex consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, sufre una «conversión en su rol procesal». Es decir, cuando el juzgado «va llegando a la cúspide de la pirámide».

También recuerda el escrito que los recursos «se conciben únicamente para defender y ejercitar derechos propios y personalísimos, pero no ajenos», por lo que el hecho de ser parte en el proceso judicial inhabilita a la Junta para plantear esta acción.

De otro lado, el PP solicitará en breve la comparecencia de Griñán en el Parlamento andaluz para que explique «su dimisión y la situación en la que deja Andalucía». «Lo mínimo que puede hacer un presidente de la Junta es mostrar sus respetos a los andaluces compareciendo en el Parlamento antes de irse», aseguró el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Rojas, al tiempo que censuró el «experimento» que deja Griñán en el Ejecutivo con «políticos de laboratorio». «Esta operación rezuma aroma al modelo de Zapatero», censuró.