El protocolo de la Faja Pirítica muestra el poder de los sindicatos en los ERE

Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».

El undécimo encarcelado de la trama de los ERE, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. El dueño de la mediadora indicó, y así lo constatan los documentos de la Faja Pirítica, UGT y CC OO, que auditaban las pólizas, decidían la asesoría que se contrataba. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según sostiene Alaya.

El protocolo del ERE de la Faja Pirítica fue realizado en reunión de «las federaciones estatales» del ramo de la minería de CC OO y UGT «con la dirección general de Trabajo». En el documento, se descarta para la operación a BBVA y BSCH «por no aceptación de las condiciones de fiscalidad», «quedando para la toma de decisión las aseguradoras Vitalicio y La Estrella». A continuación, se acuerda la parte del «negocio» –otro término utilizado por Alaya– que gestionará cada compañía, quedándose Vitalicio con «Riotinto» y La Estrella con el resto, incluyendo a «los colectivos históricos». El acuerdo señala a «la Dirección General de Trabajo» como «interlocutor válido» por parte de la Admistración. «La operación y seguimiento de los planes de prejubilación, por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El dinero de las pólizas, según la juez, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. El coste global en «corretaje innecesario» se eleva a 51,5 millones de euros. Las empresas que mediaban en los ERE abonaban un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas muy grandes.

Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De un lado, las asociaciones de trabajadores controladas por los sindicatos. Por otro, de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense. Parte de estos fondos los transferiría Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo trabajando el «conseguidor» Juan Lanzas. La juez habla del pago de 2,7 millones por parte de Uniter. De aquí, según la Guardia Civil, los fondos se repartirían entre Guerrero, empresas pantallas del propio Lanzas, sociedades del ex chófer del que fuera director general de Trabajo o el señalado por éste y por la Guardia Civil como camello, «Goyo» Martínez Piñero.

El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.