El PSOE también se autoexcluye de una propuesta de ley de inclusión educativa

El Gobierno andaluz ni siquiera se sienta a dialogar y aboga por el «cortoplacismo» de sus decretos.

La soberbia del Gobierno andaluz posibilita otra vez que la oposición se una para legislar en el Parlamento. Como ya sucediera con la Atención Temprana, aunque «in extremis» Susana Díaz lograse con la promesas de un nuevo decreto regulador que Ciudadanos reculase, los cuatro grupos parlamentarios (PP, Podemos, IU y C’s) apoyan la redacción consensuada de una propuesta de ley de inclusión educativa que ayude a paliar los problemas de un sector de la población en cierta medida desprotegido y que desarrolle de forma más pormenorizada el concepto «Equidad en la Educación» contemplado en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. El PSOE opta por autoexcluirse, por ahora.

Pese a contar con menos de diez años de vida, han sido muchos los cambios en la sociedad y que no han sido recogidos para la protección del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El ciberacoso o «ciberbullying», por ejemplo, es un concepto nuevo generado por las nuevas tecnologías y que no está recogido. Pero también se trataría de aumentar la protección a todos los niveles –desde infantil a universitario– de quienes sufren un trastorno en el desarrollo, que a partir de los seis años dejan de estar arropados por la normativa actual y, en cambio, continúa con su dificultad. No se debe olvidar tampoco la dotación humana y en medios de los centros de enseñanza (regularizar el concepto del sanitario docente es una prioridad).

Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana, ya ha cursado una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios. Entre ellos, por supuesto, el PSOE, a través de la diputada Adela Segura, aunque sin obtener respuesta. El resto de grupos parlamentarios, PP –con Juanma Moreno directamente implicado–, IU –a través de la diputada Inmaculada Nieto– y Podemos –con Esperanza Gómez como interlocutora– ya han dado luz verde a la redacción de una Proposición de Ley de Inclusión Educativa. Sólo falta la confirmación de C’s, pero la predisposición a falta de un próximo encuentro es positiva, como el colectivo ha detectado en Marta Escrivá.

La idea que los grupos comparten pasa por la redacción de una ley que incluso pueda ser exportable a otras comunidades, «contribuyendo a cambiar España de Sur a Norte», explica Guerrero. La propia plataforma cuenta ya con un grupo de trabajo «con sólida formación y conocimiento de la legislación vigente, así como de las carencias, mala praxis, recursos, sustituciones, discriminaciones, formación del profesorado, carencias de información a las familias y un largo etcétera». Este grupo ya está recabando leyes de los países de nuestro entorno, de otras comunidades e incluso de la Unesco o la ONU.

En las próximas fechas cada grupo designará a los representantes que entienda oportunos para componer el grupo redactor que dé como resultado una ley de diálogo, debate y consenso, «alejada del cortoplacismo» del Gobierno de Susana Díaz. Todo ello bajo las premisas de generalidad, obligatoriedad y permanencia. Guerrero no descarta la participación del PSOE pese a la constante negativa al diálogo que recibe e incluso invita a Díaz a sumarse a la iniciativa.

La Plataforma por la Atención Temprana nació hace ahora un año con la intención de defender los derechos de las miles de familias con niños de cero a seis años con trastornos en el desarrollo que hay en Andalucía. Durante este periodo no ha cesado su actividad. Entre sus más recientes logros se encuentra recibir el apoyo de las ocho diputaciones provinciales para la organización de talleres para familias (a coste cero para las diputaciones).

No obstante, el primero de todos fue conciliar a PP, Podemos, Ciudadanos e IU para aprobar una PNL en defensa de los niños con trastornos. Guerrero, como portavoz, ha acudido al Parlamento, a los partidos políticos, a los ayuntamientos y diputaciones, también al Defensor del Pueblo y a la mismísima Fiscalía del Menor para proteger a los más indefensos. «Somos apartidistas, los niños tienen fecha de nacimiento pero no siglas políticas, quieren jugar, no votar, quieren ser respetados, no marginados, quieren todos sus derechos, plenos, y no recortados, no son discapacitados, tienen otras capacidades, quieren querer y ser queridos», asegura.

La ley en cuestión abordará las necesidades educativas de los distintos colectivos, la inclusión del colectivo de atención temprana en el entorno educativo, la creación de aulas específicas y la asignación de recursos a los centros, entre otras cosas, pues no son pocos los graves problemas que tienen los alumnos con necesidades educativas especiales, en cualquier centro de infantil, en institutos, en formación profesional o en universidades.

La atención temprana, precedente

El 24 de febrero pasado, Susana Díaz evitó «in extremis» que el Parlamento aprobase una Ley de Atención Temprana, sustituida por un decreto regulador. Su aplicación, aún por concretar, no impide que la plataforma de las familias insista en una regulación más duradera y en aplicar mejoras al texto inicial al que el PSOE se opuso.