El secretario general de UGT en Sevilla, imputado por su gestión en Palomares

Investigan la labor como edil de Ginés en el primer ayuntamiento en quiebra

El secretario general de UGT en Sevilla, Juan Bautista Ginés, uno de los participantes en el escrache a la juez Alaya del pasado mes de octubre, figura como imputado en la querella promovida a finales de 2011 por el Gobierno popular del Ayuntamiento de Palomares del Río, una población del Aljarafe sevillano que no llega a 8.000 habitantes, a cuenta de su gestión como ex alcalde socialista en la ya extinta empresa municipal de desarrollo Emdespal. Así lo desveló ayer la alcaldesa del PP Lola Rodríguez, quien se enfrenta el 8 de febrero a una moción de censura por parte de la oposición, después de heredar y superar una situación de quiebra técnica en el Ayuntamiento en dos años de mandato.

La sociedad municipal se convirtió en una losa para el Consistorio, tras acumular una deuda global de 2,8 millones. En 2010 fue sometida a un ERE, mientras era gobernada por Ginés, quien accedió a la Alcaldía en las municipales de 2007 en representación del PSOE. En 2011 fue derrotado por el PP, aunque mantuvo su acta de concejal hasta el pasado mes de junio de 2013, cuando fue elegido secretario general de UGT-Sevilla.

La actual alcaldesa formuló una «querella» en diciembre de 2011 a cuenta de la quiebra de Emdespal contra Ginés en calidad de ex alcalde, el también socialista Manuel García Ogalla como anterior primer teniente de alcalde y el consejero delegado de Emdespal y el otrora primer edil de Palomares Antonio Peñuelas, que gobernó el municipio bajo las siglas de Unión Independiente de Palomares. La sociedad fue conducida a un concurso de acreedores. En marzo de 2012, el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción número 3 de Coria del Río admitió a trámite la querella e incoó diligencias ante posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes, exacciones ilegales, apropiación indebida y delitos societarios, todo ello con carácter continuado. Según desveló Dolores Rodríguez, García Ogalla, también imputado, ya habría prestado declaración, y la causa «sigue su trámite».

Las irregularidades detectadas por la alcaldesa datan de 2007, cuando una auditoría reveló la «situación de incertidumbre» de la sociedad municipal, que «no recibía encargos significativos». Una advertencia que se repitió en 2008 cuando un informe del secretario del Ayuntamiento hacía hincapié en que jamás intervino en ningún órgano de Emdespal a pesar de su titularidad municipal. Los registros contables, además, no coinciden con los datos anuales, detectándose «ausencia de entradas y salidas bancarias, un descontrol en las facturas telefónicas y el hecho de que el concurso para la redacción y asesoría del PGOU se acabase adjudicando a la empresa que presentó la oferta más cara, de las cuatro que optaron». La empresa estaba en quiebra desde antes de acceder el PP y nadie informó.

El despilfarro en la etapa de «boom» inmobiliario acabó arruinando al Ayuntamiento, que ha llegado a arrastrar 7,8 millones de deuda financiera. El fontanero jubilado Ginés llegó a solicitar un crédito bancario superior en un 20% al presupuesto municipal. Los ingresos cayeron un 90%.