El Tribunal de Cuentas exige a Márquez las ayudas de Calderinox y Saldauto

El Tribunal de Cuentas exige a Márquez las ayudas de Calderinox y Saldauto

La Junta se retiró como acusación en la causa del «procedimiento específico» pero sí denunció ante el Tribunal de Cuentas el supuesto perjuicio derivado de diferentes ayudas de los ERE. El Tribunal de Cuentas ha estimado, en sendos autos, la demanda interpuesta por la Junta, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, por el menoscabo de 168.000 euros por parte de la empresa Calderinox y condena al ex director general de Trabajo que firmó el convenio, en este caso Juan Márquez Contreras –al que declara «en rebeldía»–, como su «responsable contable directo» a su reintegro y al pago de intereses. En relación al procedimiento sobre las ayudas para Saldauto, se cifra en más de 200.000 euros «el menoscabo causado en los fondos públicos de la Junta», condenando también a Márquez a su pago más intereses. Juan Márquez fue director General de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010, sustituyendo a Guerrero y está acusado de los mismos delitos de prevaricación y malversación por las subvenciones a 17 empresas y 114 ayudas mediante el sistema irregular que se juzga desde diciembre en la Audiencia.

El Tribunal de Cuentas especifica que «el 8 de junio de 2016 se recibió» el escrito «de demanda de la Junta en el que solicitaba la declaración de la existencia de un menoscabo en los fondos públicos por importe de 183.649,67 euros, intereses incluidos, del que serían responsables contables directos y solidarios Juan Márquez Contreras y Calderinox». Se consideran hechos probados que «el 17 de diciembre de 2008 se suscribió un convenio» entre Juan Márquez «como director general de Trabajo» y «la Agencia IDEA» en el que se estipuló «el abono de una subvención directa a los ex trabajadores de Calderinox, a razón de 2.000 euros por trabajador». «Las cantidades desembolsadas como consecuencia de la encomienda» serían a cargo de la partida 31L, el llamado «fondo de reptiles».

El Tribunal de Cuentas cita en sus fundamentos jurídicos el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de octubre de 2012 sobre las ayudas sociolaborales de la Junta, señalando, entre otras cosas, que «la calificación de estas ayudas como subvención excepcional ha dado lugar a un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en su concesión». La Junta en su denuncia señalaba que la autorización de su ex alto cargo para la ayuda se produjo «sin justificación previa ni posterior del destino de los fondos entregados». Al extinguirse Calderinox, la Junta solicitó que el proceso continuase únicamente contra Juan Márquez. El Tribunal de Cuentas especifica que «resulta imposible determinar cuál fue el destino final de los fondos, ya que ni siquiera está acreditado que los mismos se hayan ingresado en una cuenta de la empresa a la que, según el expediente de la ayuda, debían ir destinados». «Las actuaciones ponen de manifiesto que el pago a que se refiere la demanda carece de justificación, ya que se trata, en primer lugar, de un pago que ha de considerarse carente de cobertura legal, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de las subvenciones y ayudas públicas». El auto también indica que «pese a lo que se señala en este convenio no hay constancia alguna de que se haya solicitado esta ayuda, ni de que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social haya realizado análisis alguno de la situación económica de Calderinox o de la merma económica que sufrieron sus ex trabajadores, como tampoco existe resolución adoptada de forma expresa concediendo la referida subvención». Esta entidad, según informó la Intervención General de la Administración del Estado al juzgado de Instrucción 6, recibió en ayudas más de 1,9 millones, «entre las que se encuentra la que es objeto del presente procedimiento». «Estamos, en definitiva, ante una salida injustificada de dinero público habiendo quedado sólo probado que la Junta pagó 168.000 euros sin que exista resolución alguna de concesión de la ayuda y sin que se haya probado cuál fue el destino dado a esos fondos públicos, lo que ha originado un menoscabo a los caudales públicos con total infracción de la normativa presupuestaria y contable», señala el auto.

En relación a la ayuda a Saldauto, la denuncia al Tribunal de Cuentas data de febrero (la Fiscalía) y marzo (la Junta) de 2016. Al comunicarse en noviembre que la sociedad estaba extinta, en diciembre la Administración andaluza solicitó que el procedimiento continuase contra Márquez, quien también fue declarado en rebeldía en febrero de 2017 cuando se cifra la cantidad en más de 218.000 euros, con los intereses ya incluidos. El Tribunal de Cuentas considera probado que en julio de 2008 la Dirección de Trabajo «encomienda a IDEA el abono de la subvención de concesión directa a Saldauto» de 200.000 euros, al igual que en el caso de Calderinox con el visto bueno del que fuera viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El Tribunal de Cuentas constata, entre otras irregularidades, que «no consta acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias» en el director general de Trabajo; no quedan acreditadas las razones «de interés social o económico» para la ayuda; o que «se ha realizado un uso inadecuado de las transferencias de financiación». Como con Calderinox, «no hay constancia alguna de que se haya solicitado la ayuda» ni análisis previo de la empresa ni «justificación». «Estamos, en definitiva, ante una salida injustificada de dinero público habiendo quedado probado que la Junta pagó 200.000 euros a una cuenta cuya titularidad se atribuye a Saldauto», sentencia el auto.