El Tribunal de Cuentas reclama 2,5 millones a Márquez y Rivera

Por la responsabilidad contable en las ayudas a Morell y Dhul de los ex directores de Trabajo

El ex director de Trabajo Juan Márquez
El ex director de Trabajo Juan Márquez

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 2.522.151,11 euros a los ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, ambos imputados en el caso de los ERE fraudulentos, por presunta responsabilidad contable en relación a las ayudas sociolaborales a la prejubilación vinculadas a Aglomerados Morell y Grupo Dhul.

En un acta de liquidación provisional fechada el día 28 de abril, a la que accedió Europa Press, el tribunal fiscalizador manifiesta la existencia de un presunto alcance por un importe total de 2.522.151,11 euros, de los que 2,2 millones corresponden a principal y 295.796,01 euros a intereses.

En este sentido, requiere a Aglomerados Morell y a Juan Márquez, solidariamente, por la cuantía total de 1,6 millones de euros, mientras que a Aglomerados Morell y a Daniel Alberto Rivera, también de forma solidaria, les reclama 198.588,69 euros. Asimismo, reclama a Grupo Dhul y a Daniel Alberto Rivera, solidariamente, por la cuantía total de 669.950,17 euros.

El Tribunal de Cuentas requiere a todos ellos para que «reintegren, depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, y en el plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta resolución, el importe provisional del alcance más los intereses, bajo apercibimiento, en caso de no atender este requerimiento, de proceder al embargo de sus bienes».

El tribunal fiscalizador investiga este asunto tras una denuncia que formuló el PP-A en el año 2011 en la que ponía en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de presuntas irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones o ayudas gestionadas por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta. En el acta, llama la atención sobre «la existencia de irregularidades en la gestión de los ERE tramitados en el ámbito de la Junta», resaltando la inclusión de trabajadores que «no reunían las condiciones exigidas para ello», lo que «ha dado lugar a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta». No obstante, subraya «la imposibilidad de realizar una cuantificación de dichos menoscabos por no disponer ni haber sido facilitados por la Junta los datos precisos correspondientes a las aportaciones que hubiera realizado dicha administración y que corresponderían a la financiación de las pólizas que amparan la cobertura de los beneficiarios indebidos, y ello salvo los referidos a dos empresas: Aglomerados Morell y Comercial Alimentaria Dhul».

Por otro lado, en relación al «caso ERE», Manos Limpias se personará la próxima semana con una procuradora para que les represente, lo que evitará que tengan que salir de esta causa, y también lo hará en la investigación sobre las presuntas facturas falsas de UGT de Andalucía. El coordinador de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, señaló a Efe que la nueva procuradora se personará el martes en ambas causas, que se instruyen en los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla. El apoderamiento de la procuradora se ha hecho desde el Decanato de Fuengirola (Málaga), según señaló el delegado de Manos Limpias.