Embargan 41 fincas, un helicóptero y un avión a un encausado en «Malaya»

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que ordena el embargo preventivo de 41 fincas, un helicóptero y un avión del hasta 1998 primer teniente de alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Pedro Román, por un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros.

El auto, que da la razón al Consistorio costasoleño que solicitó la medida, acuerda embargar de forma preventiva bienes de diez sociedades «a través de personas interpuestas o directamente propiedad de Pedro Román».

En concreto, se trata de 31 fincas en Marbella, una en Estepona, dos en Salamanca, otra en Cáceres, cuatro en Madrid, una en Mijas y otra en Ibiza; así como un avión, un helicóptero y participaciones en una sociedad mercantil.

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento marbellí, Félix Romero, subrayó ayer al respecto el «importante trabajo municipal de investigación y jurídico» llevado a cabo para «intentar desentrañar la maraña de sociedades creada para diluir el patrimonio al que podía acudir para resarcirse al Ayuntamiento».

La sentencia supone, según Romero, «un avance muy importante al ser una garantía de cobro para cuando se resuelva el recurso de apelación. Demuestra que el Ayuntamiento de Marbella continúa con su trabajo asegurando, tarde lo que tarde, la recuperación de los bienes que salieron ilícitamente del municipio», afirmó.

El portavoz municipal quiso recordar también que el Tribunal de Cuentas dictó en abril de 2011 una sentencia que condenaba de manera solidaria a ex responsables de los gobiernos municipales del GIL, entre ellos a Pedro Román, por un desvío injustificado de los fondos públicos de 66,506 millones de euros de principal y 41,833 de intereses.

La sentencia se encuentra actualmente en apelación y desde el Ayuntamiento dicen estar «tratando de evitar que se pierdan bienes asegurando que el resultado del procedimiento sea efectivo y pueda traducirse en una recuperación de los bienes que se han perdido», según el popular.

«Malaya»

Cabe recordar que el ex primer teniente de alcalde y una de sus dos hijos, Pilar Román, fueron puestos en busca y captura por orden del juez que inició la instrucción de la denominada «Operación Malaya» en abril de 2007, un año después de que se practicasen las primeras detenciones relacionadas con la trama de corrupción en torno al Ayuntamiento marbellí.

Para Román, la Fiscalía Anticorrupción solicita veintiún años de prisión en el procedimiento, cuya implicación parte de su vinculación societaria con el imputado Juan Hoffman, considerado testaferro del presunto cerebro del caso, Juan Antonio Roca, en una entidad de la que fue administradora Pilar Román, que se enfrenta a una pena de tres años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

El ex primer teniente de alcalde, «mano derecha» del fallecido Jesús Gil, y su hija fueron detenidos en las instalaciones del aeropuerto de Málaga, a su llegada de Suiza en julio de ese mismo año.

«Saqueo II»

De otro lado, la Audiencia Nacional ha fijado para los días 18,19, 22, 23 y 24 de abril la celebración del juicio oral por el llamado «caso Saqueo II», que tuvo su origen en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal de Marbella del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el periodo comprendido entre los años 1991 y 1999.

El procedimiento significó la continuación de «Saqueo I» y abarcó la actuación de los gobiernos gilistas entre los años 1994 y 1999.

La Fiscalía Anticorrupción acusa en esta causa a 36 personas, entre ellas se encuentran el ex gerente de la sociedad Planeamiento 2000 y principal acusado en la «operación Malaya», Juan Antonio Roca; el ex alcalde marbellí Julián Muñoz; el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, y varios ex ediles, como la que luego fue alcaldesa Marisol Yagüe. Ésta también ha sido juzgada en Málaga por el caso de corrupción en Marbella.

El Ministerio Fiscal acusó en su escrito de calificación inicial por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y además falsedad en documento mercantil.