Emprende sí tendrá cursos pese a la deuda con la formación de la Junta

La Federación de Empresas de Formación de Andalucía (CECAP Andalucía) reclama en torno a 40 millones de euros a la Junta de Andalucía por impagos en los cursos que estas entidades imparten subvencionados con fondos públicos. Han llevado a cabo numerosas acciones de protesta y han denunciado ante los tribunales su situación. La deuda no es nueva, sino que una parte del montante global se remonta a cinco años atrás. Mientras esto ocurre, el Ejecutivo andaluz sigue necesitando los servicios de estas empresas para acciones formativas a desempleados y para propio personal de la Administración.

Este último caso es el de la Fundación Andalucía Emprende. Tal y como ya informó este periódico, este ente autónomo adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y Empleo licitó un contrato para seis acciones formativas para impartir entre el personal técnico de la Red y los Responsables de la fundación. Gente, en principio, cualificada en la materia, toda vez que los cometidos originales de Andalucía Emprende consisten en «ayudar a la ciudadanía emprendedora a crear o consolidar empresas y empleo». En concreto, eran seis los lotes que salían a concurso: «Aspectos fiscales del autónomo»; «Fuentes de financiación y perspectivas frente a la crisis»; «Coaching empresarial para el apoyo a emprendedores»; «Creación y gestión de empresas de economía social»; «Empresas de base tecnológica»; y «Reforma del mercado laboral».

Finalmente, los adjudicatarios de estos cursos han sido: Ánfora Comunicación –lotes 1 y 3 por 4.428 y 3.690 euros respectivamente–; Divulgación Dinámica –lote 2 por 3.423,20 euros–; Grupo Echevarría & Tecnomedia –10.520 euros para impartir la acción formativa sobre empresas tecnológicas–; e Innovación y Desarrollo Internacional Consultores, que desarrollará el lote 6 por 8.400 euros. La acción destinada a la preparación de emprendedores –la misión principal de la empresa pública– ha quedado desierta, según la resolución del concurso.

Se trata de empresas agrupadas en las asociaciones que han denunciando la asfixia financiera a la que se ven sometidas por culpa de los impagos pero que se ven abocadas a seguir optando a cursos abonados por la Administración. La Junta, en lugar de saldar su deuda y poner el contador a cero, necesita sus servicios, no sólo para los programas de formación profesional para el empleo –principal responsable de las deudas contraídas por el Ejecutivo andaluz– sino para otras acciones puntuales de formación. A diferencia de los cursos del Servicio Andaluz de Empleo, las empresas no tienen que adelantar el dinero para la puesta en marcha de los cursos y servir de «financiadoras» de la actividad de la Junta. En este caso, los «alumnos» no son desempleados, sino trabajadores de una fundación que, por sus características, cuenta ya con personal especializado en la materia.

De hecho, el contrato licitado hacía referencia a aspectos básicos que la plantilla de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza debe conocer. Entre los objetivos, se incluían aspectos como «proporcionar a nuestro personal conocimientos sobre financiación pública y privada»; «adquirir una visión más amplia de las diferentes fuentes de financiación para mejorar la situación financiera de las empresas o proyectos empresariales a asesorar»; o «conocer cómo puede financiarse una empresa hoy en día», entre otros.