Fraude en los cursos de formación

«Falta de rigor» y «desmadre» en las ayudas para los cursos

Todos los grupos políticos, salvo el PSOE, coinciden en sus primeras impresiones

La Razón
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Unanimidad quebrada por el PSOE, único partido que defiende la gestión de la Junta de Andalucía en los cursos de formación para el empleo que investiga el Parlamento. Tras las comparecencias de los ocho interventores provinciales y el ex interventor general de la Junta en la comisión constituida en la Cámara andaluza, las formaciones coinciden en la falta de rigor y diligencia con la que la Junta ha gestionado en los últimos años una partida millonaria.

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, destacó que los interventores han evidenciado «la falta de control generalizada» de la Junta, que «no cumplió con la legislación» y «miró a otro lado».

Por su parte, Ciudadanos se aleja en sus primeras impresiones de las tesis del PSOE. Así, la parlamentaria Marta Bosquet, acompañada por el presidente de este partido Juan Marín, lamentó la «absoluta falta de rigor» que ha habido al respecto de los cursos de formación en Andalucía. Igualmente, también consideró «bastante decepcionante» la declaración del martes del ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández. C’s mostró su preocupación por que se haya producido un «menoscabo de fondos para las arcas públicas en los expedientes que hayan podido prescribir».

Desde Podemos, la portavoz adjunta del grupo, Esperanza Gómez, afirmó que tras las primeras declaraciones se ha apreciado que «hay una ausencia casi total de labores de auditoría y de seguimiento que se ha prolongado durante demasiados años con la total connivencia de los responsables políticos al mando de las distintas administraciones».

En esta misma línea, el grupo parlamentario de IULV-CA aseguró que se ha constatado «el absoluto desmadre y descontrol en el que se encuentran estas millonarias ayudas a los cursos de formación».

El único que mantiene otra visión distinta es el PSOE. El portavoz del Grupo Parlamentario Mario Jiménez manifestó que «del estudio de los ocho interventores provinciales y del interventor general, que ha hecho el informe de síntesis y consolidado, no se deriva ninguna ilegalidad en la actuación y gestión que se ha producido de los fondos de formación».

La semana que viene continuarán las comparecencias en el Parlamento de Andalucía.