Fiscalía y Junta recurren el archivo del caso avales pero ven delitos distintos

El Gobierno insiste en pedir a Núñez que investigue a las empresas por falsedad en subvenciones pero el Ministerio Público apela a la Audiencia al ver prevaricación y malversación y alerta del riesgo de que prescriban los delitos; la jueza acaba de darse de baja

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la Junta en la macrocausa de los avales concedidos por la agencia pública IDEA han recurrido el archivo decretado por la jueza María Núñez de la misma aunque ven delitos distintos. El Ministerio Público ha apelado el sobreseimiento decretado por Núñez ante la Audiencia Provincial de Sevilla al rechazar que se hayan “desvanecido los indicios de delito” con las diligencias practicadas. Por contra, considera precisamente que la instructora no hace una “interpretación adecuada” de las pesquisas practicadas y ha rechazado otras solicitadas por la Fiscalía reiteradamente que considera necesarias para esclarecer los hechos. Unos hechos que en su recurso, Anticorrupción quiere “hacer constar” que “no estaríamos, de forma provisional e indiciaria ante un delito de fraude en subvenciones por presuntas falsedades en las solicitudes de las ayudas sino ante hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación”. El plazo para la prescripción de estos delitos es de diez años por lo que la Fiscalía alerta del riesgo de que prescriban ya que la mayoría de los avales investigados fueron concedidos 2009 y 2010. Se da la circunstancia además de que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acaba de darse de baja por motivos de salud, asumiendo de momento su carga de trabajo el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.

Además, la jueza María Nuñez, que instruye la causa de los ERE y la de los avales de IDEA, se ha dado de baja por motivos personales y ha sido sustituida provisionalmente por el juez de refuerzo que la ayuda desde el 2016, produciéndose el mismo día que estaba prevista otra ronda de declaraciones relacionadas con una pieza separada del caso de los ERE.

El Ministerio Público difiere así de la tesis de la Junta de Andalucía, que en su día apoyó el archivo de la investigación por prevaricación y malversación que solicitaron las defensas de dos de los cuatro ex altos cargos socialistas investigados, el ex consejero de Innovación Martín Soler y el ex director de IDEA Jacinto Cañete, pero que también ha recurrido el archivo decretado por Núñez porque no atendió su petición de abrir nuevas diligencias por “fraude en subvenciones y/o falsedad documentar”, al entender precisamente que 18 empresas ocultaron que habían recibido ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo en sus solicitudes de los avales a IDEA, lo que en hubiera sido motivo para denegárselos.

Núñez rechazó abrir diligencias nuevas al considerar que los indicios de esos posibles delitos no provienen de las diligencias de investigación practicadas en esta causa sino de los expedientes de las ayudas que obran en poder de la Junta, por lo que instó a esta a presentar una denuncia distinta en este sentido para que entrara en reparto y recayera en el juzgado correspondiente. En su recurso, la Junta alega que los indicios sí se desprenden de diligencias practicadas en esta causa, en concreto la declaración de la ex interventora general de la Junta, Rocío Marcos. Precisamente el testimonio en el que se apoyó Núñez en su auto del 27 de mayo de 2019 para archivar la causa al considerar que su pericial dejó clara la inexistencia de prevaricación y malversación. Y el testimonio que la Fiscalía considera incompleto porque no pudo examinar los expedientes completos, por lo que en reiteradas ocasiones pidió a Núñez que exigiera a la Junta los mismos para su análisis por la UCO y los peritos de la Intervención General del Estado.

Así las cosas, para la Junta quienes presuntamente delinquieron fueron los responsables de 18 empresas que pidieron los avales falseando sus solicitudes, el “núcleo del fraude” según defendió el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, para justificar que no insistan en la responsabilidad penal de los cuatro ex altos cargos socialistas. Por contra, la Fiscalía no sólo mantiene que hay indicios de delito en la concesión de las ayudas sino que deja claro que el objeto de la causa “no se restringe” solo las 18 empresas que simultanearon ayudas como mantiene Nuñez sino que se ha empezado por ellas pero es “mucho más amplio” y así se definió inicialmente.