Guerrero se suma a una estrategia coral y apunta a Madrid y a otras consejerías

«En mi conciencia era todo legal». Esta frase, pronunciada según fuentes del «caso ERE» por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en su primer «cara a cara» con la nueva instructora de la causa, María Núñez Bolaños; resume su paso de ayer por el juzgado. Había expectación, prueba de ello es que a la comparecencia, solicitada por el propio ex alto cargo, asistió un nutrido grupo de abogados. Pero no hubo giro radical de guión y sí más intentos de expandir la sombra de los ERE pegada a su espalda y lo que, para algunos, fue «la escenificación de una estrategia coordinada entre varias defensas».

Guerrero se sumó a la vía abierta ya por otros encausados como el abogado Carlos Leal. Trató en esencia de defender que existía normativa estatal, como las Órdenes ministeriales de 1994 y 1995 que desarrolló el ex presidente andaluz José Antonio Griñán, y también autonómica, como el convenio suscrito en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA –caja pagadora de los ERE–-; que le permitía conceder las ayudas de la Junta. En total se repartieron unas 6.300 que, entiende, son legales, aunque gracias a transferencias de financiación «discrecionales».

La jueza, quien compartía foco al ser su primer interrogatorio «de relevancia» tras quedar apartada del proceso Mercedes Alaya, le preguntó que cómo explicaba que en algunos expedientes pudiera haber «intrusos» –quienes cobraron fondos públicos sin haber trabajado en las empresas beneficiadas con ellos–, a lo que el imputado contestó que «no tenía por qué haberlos» con ese sistema y que si aparecían personas en sociedades que no debían estar era «por error». ¿Y su suegra, incluida como prejubilada de una empresa que no pisó? «Cumplía los requisitos», despejó sin más.

Añadió que él sólo controlaba si las pólizas se abonaban, aunque admitió que no le gustó «algunos derroteros» que se le dieron a las ayudas, pero «no tenía ningún tipo de inspección», se justificó. En su intento de extender la mancha, reconoció también que se concedieron ayudas ligadas a compromisos de otras consejerías y citó como ejemplo unos 900.000 euros destinados al 112.

La Fiscalía se interesó por su capacidad para oponerse a órdenes de sus superiores y el abogado del ex consejero de Empleo imputado, Antonio Fernández, le preguntó si alguna vez recibió «órdenes» de éste en relación a las ayudas sociolaborales o directas a empresas investigadas, a lo que contestó que «nunca», y repreguntado por el letrado negó que durante la etapa de Fernández hubiera «intromisiones o indicaciones» en su labor. Es más, aseveró que ejerció sus competencias con plena libertad.

Aseguró también ante la jueza que en la Dirección General los expedientes «estaban completos» y que si ahora no lo están, cuestión que está documentada en el sumario en el que constan incluso pósit que soportan ayudas, será porque se han hecho «desaparecer» con posterioridad a su salida de la Administración.

Señala a Aguayo, como adelantó LA RAZÓN

Parte de la munición que Guerrero disparó ayer en el juzgado ya fue adelantada por LA RAZÓN. El ex director general de Trabajo mantuvo ante la jueza María Núñez Bolaños que la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo avaló en una reunión mantenida en 2005 la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se repartían las ayudas investigadas en el ámbito del «caso ERE». Un encuentro en dependencias de Hacienda que relató este periódico en abril de 2013 y al que asistieron también además de él mismo y Aguayo, el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos, Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa. Así lo reiteró ex el alto cargo en sede judicial para remarcar a su salida que ninguno «puso pegas» al sistema.