¿Había que avisar «20 veces, 30, 50» de lo que se hizo «mal» en los ERE?

A Empleo «no le interesaron» las advertencias, según una testigo. Otro apunta a la Cámara de Cuentas y a que la actuación de la Intervención «no salva la responsabilidad de nadie»

La interventora de la Junta Victoria López, quien desarrolló su labor en la Consejería de Empleo durante buena parte del periodo investigado en el juicio de la rama política del «caso ERE», no es de las que mendigan criterios ajenos. Los tiene propios y a veces los expresa con vehemencia, como quedó demostrado en la sesión de ayer de la vista oral.

Una de las defensas le planteó que cómo había sido posible que tras poner de manifiesto ya en 2001 un interventor que se ocupaba del control financiero permanente de la agencia IDEA –ente que, como antes había hecho el IFA, actuó de caja pagadora de los fondos públicos sospechosos– que se estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación con las que se nutrieron presupuestariamente los ERE, no se hiciera nada. Quiso saber si el asunto no se abordó en las reuniones de coordinación de la Intervención de la Junta. La testigo ratificó que desde el área de control financiero se hicieron informes, en efecto, y se dieron «avisos de que se estaban haciendo mal las cosas». Entonces su carácter impetuoso, que marcó la diferencia con respecto a otros testigos, emergió cual submarino y le lanzó al abogado que ella se preguntaba «cuántas veces» hay que repetir algo. «No conozco una norma que diga que con una sola vez es insuficiente que te avisen de que estás haciendo algo mal, que tenga que haber 20 veces, 30, 50 veces...». Se cuestionó en voz alta también cómo es que cuando un interventor alerta de que una herramienta como eran las transferencias se estaban utilizando de forma anómala, «no lo arregla el que lo está haciendo mal». A su entender, no eran sus colegas y ella misma, quienes realizaban tareas de vigilancia diferentes, los que se tenían que «coordinar», sino que era el «gestor» al que se le había dado el toque, quien debía de «dejar de hacer» lo señalado. Pero, «no le interesa, no le importa, le da exactamente lo mismo», enumeró, por lo que, pese a que se le dice «una vez y otra, sigue haciéndolo mal», recalcó. Y por si había quedado alguna duda, sostuvo que la Intervención «tiene una actuación reglada y todo está basado en procedimientos» y realizaron su trabajo «conforme a las normas». El letrado recuperó entonces la palabra para interrogarla sobre si actuaron «conociendo los resultados que podían derivarse» de aquel mal proceder y López contestó: «Ahora todos somos muy guapos, muy altos, muy rubios y tenemos los ojos muy azules, pero lo siento muchísimo, no puedo hacer una elucubración de si hubiera sabido todo... Yo sé lo que hice y que estaba bien hecho, sé lo que hicimos todos y estaba bien hecho y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo, que son los gestores», volvió a dejar sentado.

Interpelada también sobre si existía la posibilidad de que Empleo hubiera dispuesto de «un crédito superior al que estaba aprobado y autorizado por la Ley de Presupuestos» del Gobierno andaluz «de cada ejercicio», manifestó que, «si se estaba omitiendo la fiscalización previa era posible todo, o sea, el papel lo aguanta todo», aseveró.

Tras ella le tocó el turno ante el micrófono al ex interventor de Empleo Juan Luque, quien llegó a estar investigado en el seno de la «macrocausa» de los ERE. En línea con su compañera, defendió la labor del ente fiscalizador al que pertenece. Aunque fue incluso más allá al mantener: «Los interventores parece que estamos más acusados que los acusados». Y añadir que había llegado a pensar «por qué a la Cámara de Cuentas nadie le dice nada». «Hemos hecho un trabajo profesional absolutamente convencidos de que actuábamos de la manera más ortodoxa y legal», afirmó en la Sala. Y enlazó un símil. Comparó la función de control que llevan a cabo sus colegas con la que ejecuta «un agente de una aduana». «Cada vez que por allí pasan materias prohibidas, no quiere decir que esté el agente descuidando su control, haciéndolo mal», ejemplificó. En cualquier caso, Luque arrojó una idea desde su asiento: «No salva la responsabilidad de nadie la actuación de la Intervención ni ésta puede ir más allá del alcance que tiene» y que es «reglado» y «formalista», condensó.

En relación a la Cámara de Cuentas apuntó su extrañeza por que no hubiera «auditado a una entidad de la importancia y de la magnitud económica» que tenía el IFA y luego IDEA. Viró su argumento en propuesta al deslizar que «podría haber tomado como uno de los alcances de sus auditorías» el revisar lo que estaba sucediendo con las transferencias de financiación, puesto que «tiene entre sus obligaciones auditar la cuenta general en la que aparecen» y dadas «las cuantía de éstas año tras año». Con todo, al representante procesal del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, le admitió haber vivido «en una situación absolutamente de normalidad en todos los extremos» en la que se seguía «una rutina» que tildó de «cotidiana» y «pacífica». «A veces atribuimos a la maldad lo que es sólo fruto de las inercias, de las rutinas y del día a día», se aventuró. Si bien, luego matizó que no se podía relacionar esa atmósfera con que se hicieran «las cosas bien o mal –con el procedimiento debido–, que parece que no». Tras dar datos de una encomienda concreta a la que se refirió la Fiscalía, Luque aseguró que «era frecuente» que Empleo «no atendiera los requerimientos de justificación». «De eso siempre hicieron caso omiso», lo que implicaba que los expedientes quedaran «sin tramitar», a no ser que se hiciera «extra muros» del proceso administrativo «reglado».

El horario se alarga para coger pulso

El ritmo sigue sin ser el deseado. El presidente del tribunal enjuiciador de la rama política de los ERE que afecta a Chaves y a Griñán, el magistrado Juan Antonio Calle, comunicó ayer que se va a añadir una sesión más los lunes por la tarde debido al retraso acumulado. Hoy seguirá declarando el testigo 50 y son más de cien, teniendo en cuenta a los peritos, los que han de ser oídos.