IDEA barajó que la Faffe asumiera las ayudas sociolaborales para salvar su déficit

El ex director de Administración y Finanzas Antonio Diz-Lois señala que la propuesta partió del ex parlamentario Ramón Díaz Alcaraz y la paró la también asesora en la Fundación María José Rofa al ser incompatible con sus estatutos

El ex director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois apuntó ayer durante su declaración como testigo en el juicio sobre el llamado «procedimiento específico» de los ERE que en varias ocasiones se propuso que fuera la Faffe –la Fundación Fondo de Formación y Empleo, investigada también judicialmente como nido de enchufismo y por el pago en conceptos como clubs de alterne a cargo de alguna «tarjeta black»– la que se encargara de los pagos de las ayudas sociolaborales de la Dirección General de Empleo, asumidos por la agencia y que provocaban un importante déficit. Diz-Lois señaló también que se llegó a «engañar» a la Dirección de Empleo sobre la cantidad presupuestaria disponible para aminorar el peso de estas ayudas y evitar más endeudamiento.

Diz-Lois especificó que fue el ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz quien planteó la posibilidad de que la Faffe se encargara de los pagos pero la también ex asesora en la Fundación, como Díaz Alcaraz, María José Rofa señaló que no era posible aludiendo «a los Estatutos» de un ente ya en entredicho por la ingente cantidad de allegados socialistas en sus filas. Diz-Lois también apuntó que «nunca jamás se detectaron pagos cruzados». El ex director de Administración y Finanzas de IDEA manifestó que «se sabía que la dirección general llevaba estas ayudas» excepcionales a ex trabajadores y empresas en crisis. Su conocimiento «era generalizado por toda la Consejería, no sólo por la Dirección General de Trabajo». Además, «figuraba en los presupuestos, las memorias, yo creo que hasta en los discursos del consejero. Yo creo que en todas partes», especificó. «No había ninguna ocultación. Lo que pasa es que (las ayudas) se llevaban directamente en la Dirección general». En IDEA se «suponía que las ayudas se daban bajo criterios de justicia material», indicó, y «en la Consejería se suponía esto mismo».

Sobre las cartas en las que se avisa de «irregularidad administrativa», señaló que hubiera sido más correcto hablar de «incumplimiento». «El término no se tuvo en cuenta al redactar la carta. No fue invalidante porque Intervención no dijo que hiciésemos nada, ni paralización o dejación de pagos. No incluía recomendación. A lo mejor no fue adecuado emplear el término 'irregularidad', se pudo poner 'incumplimiento'», señaló, aunque, en cualquier caso, «no se consideraba un defecto invalidante». «Nunca tuvimos dudas de que todo se hizo legalmente; si no, no hubiéramos pagado», señaló. Diz-Lois manifestó que la agencia «nunca» pagó una subvención por encima de la cantidad que había transferido la Consejería de Empleo a través de la partida 31L. El desfase presupuestario era «una preocupación» en IDEA, al existir un «exceso de compromisos» en la contabilidad. Sobre el «engaño» a la Consejería de Empleo para tratar de reducir el desfase presupuestario, aclaró que se refería a que no comentaba el remanente que quedaba de las ayudas abonadas con anterioridad, y que el déficit se eliminó en 2009. Preguntado sobre los informes de Garrigues y de Price Waterhouse, indicó del primero que «jamás llegó a la agencia» y, del segundo, «nunca llegó tampoco». Recibieron «un flujograma», un cuadro y un modelo de la resolución de la orden de pago que sería «el modelo que utilizamos durante toda la encomienda».