¿IMPUESTOS VERDES PARA FINANCIACIÓN ILEGAL?

Acaba de constituirse la Comisión de Expertos nombrados por el Gobierno de la Nación para proponer medidas orientadas a la reforma del sistema de financiación autonómico. No formo parte de esa comisión, pero sí tuve oportunidad de conversar con uno de sus miembros recientemente.

Una de las ideas que parece bien asentada en las posiciones de salida es recurrir a los impuestos medio ambientales o ecológicos, como un fuerte instrumento de financiación que, ocasionalmente, permita reducir otros impuestos ya existentes como, por ejemplo, el tramo autonómico del IRPF. Los economistas llamamos a este reciclado de impuestos el modelo del «doble dividendo» por permite obtener aumentos en la recaudación (primer dividendo) y reducir la carga de otros impuestos que pueden impactar negativamente sobre el empleo (segundo dividendo).

La recomendación del uso de los impuestos ambientales no es nueva. Por ejemplo, ha vuelto a ser señalada por la OCDE para el caso de España. Sin embargo, este tipo de impuestos se construyen sobre una gran paradoja; su vocación de extinguir la base impositiva que someten a gravamen. Naturalmente, una vez extinguida la capacidad impositiva la capacidad recaudatoria es irrelevante. Para ello conviene tener bien claro en qué tipo de impuestos están pensando los miembros de la comisión y los expertos económicos internacionales. Se trata de impuestos sobre las emisiones de CO2 que, en la práctica, gravan en consumo o la producción de energía a la que se aplica un coeficiente de emisión que sirve para determinar la base imponible y la cuota a pagar. Nos referimos también a impuestos sobre el contenido en azufre de los combustibles. A la generación de residuos. A los impuestos sobre los fertilizantes y pesticidas. Al uso de materias primas y, más recientemente, al gravamen por el uso de infraestructuras (carreteras o zonas concretas de ciudades) con problemas de congestión.

Los impuestos ambientales tienen una vocación correctora de comportamientos más que recaudatoria. Constituyen uno de los denominados «instrumentos basados en el mercado» que intentan poner precio a lo que hasta entonces resultaba gratis (contaminar, utilizar las infraestructuras, etc). Su finalidad es promover conductas en los consumidores y en los productores orientadas a reducir las actividades lesivas con el medio ambiente.

Así, por ejemplo, si un usuario cambia su coche que usa un motor convencional por uno eléctrico o híbrido, reduce su factura en el Impuesto de Matriculación de Vehículos pero, sobre todo, reduce la recaudación por Impuesto Especial de Hidrocarburos. Téngase en cuanta que en los países europeos, el precio final del combustible está explicado entre un 40 y un 60% por este tipo de impuestos. Recuérdese también que sólo la introducción de los convertidores catalíticos en los motores de combustión cambió radicalmente el perfil de sus emisiones.

Si las industrias intensivas en consumo energético avanzan en sus planes de mejora de la eficiencia energética (menor requerimiento energético por euro producido) o introducen sistemas de secuestro de las emisiones de carbono ¿cuánto acabarán pagando de estos impuestos sabiendo que además muchas de estas inversiones están subsidiadas con fondos públicos?

En el caso de la agricultura, si se ofrece por la autoridad una lista de fertilizantes baja en emisiones de amoníaco, ¿quién pagará por este tipo de impuestos que, además, han sido retirados en los pocos países que los introdujeron?

Para mayor abundamiento, si la discriminación de los residuos que hacemos los hogares abarata considerablemente el reciclaje y la recuperación de los mismos ¿por qué no reducen los ayuntamientos las antiguas tasas de recogida de basura?

Sin ánimo de ser exhaustivos, si para evitar el pago de tasas o impuestos por uso de carreteras o zonas congestionadas, acabamos usando el transporte público de forma masiva (que es lo que buscan incentivar estas tasas) ¿cuánto dinero afluirá a las arcas de la Hacienda recaudatoria?

La lógica principal de los impuestos convencionales ha sido la de ajustarse al principio de suficiencia lo que es tanto como estar diseñados sobre buenos asideros fiscales, es decir, bases amplias que permitan recaudar mucho con tipos impositivos soportables y, aparte del gravamen del consumo, recaigan sobre factores productivos poco móviles y fáciles de controlar. Éste y no otro es el motivo de la fuerte imposición sobre las rentas del trabajo a través del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social y el más débil gravamen del rendimiento del capital que busca evitar su salida a paraísos fiscales o refugio en las SICAVs.

Esta lógica tradicional choca con la vocación de los impuestos ambientales que no es otra que incentivar cambios en las conductas que acaben reduciendo las bases imponibles, sea en forma de emisiones de carbono, de consumo de energía o de ocupación de las infraestructuras de transporte saturadas. Una vez reducidas las bases, la recaudación sería exigua.