Juana Rivas pide al Gobierno medidas para proteger a sus hijos

El letrado de Francesco Arcuri ve la denuncia como una «estrategia más» de la defensa y anuncia posibles acciones judiciales

Un nuevo capítulo se abre para uno de los juicios más mediáticos de la última década. Desde que un juzgado de Granada ordenara la «inmediata restitución» de los dos menores a Italia para estar con su padre Francesco Arcuri han pasado ya 957 días y multitud de causas pendientes en el caso de Juana Rivas.

Ayer se conoció que la madre de Granada había solicitado al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo que adoptaran «cuantas medidas sean necesarias» para la protección de sus hijos, después de haber presentado una nueva denuncia contra su ex marido, Francesco Arcuri, por presuntamente maltratar y amenazar de muerte a los menores.

En un escrito remitido al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, Rivas le pide que «inste a quien corresponda» para garantizar «la protección jurídica internacional» de sus hijos y que requiera «la plena colaboración y cooperación» del Gobierno de Italia, donde los niños viven actualmente con su padre. Al hilo del escrito, José Estanislao López, que ha sido el abogado principal de la causa de Juana Rivas desde que se iniciara allá por diciembre de 2016 hasta que la abandonó en noviembre, lamenta esta nueva acción judicial llevada a cabo por Rivas y asegura que «no hay ninguna posibilidad de éxito» al estar el caso judicializado. Y concluye valorando que «no es el mejor camino, aunque sí la mejor opción para salir en prensa».

Las últimas actuaciones llevadas a cabo en relación al caso han sido, en primer lugar, la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 3 de Granada contra su ex pareja Francesco Arcuri por posibles delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte a sus dos hijos, de 13 y 5 años, y la petición de medidas cautelares para que los niños no estén con su padre. Todo ello responde a que los niños presentaron, tras su llegada a España, «trastornos de sueño y crisis puntuales de ansiedad» y contaron que «seguían sufriendo maltrato, incluidas amenazas de muerte por parte de su padre». En relación a esta nueva denuncia, Enrique Zambrano, letrado de la ex pareja de Juana Rivas aseguró que es «una cosa que nos esperábamos y una estrategia más de su defensa» y anunció que se reservan su derecho a ejercer acciones judiciales frente a Rivas, a la que augura «un panorama bastante complicado».

Por su parte, el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, de la mano de su directora, Francisca Granados, dirigió un escrito a la Fiscalía para informar sobre esta situación de «alto riesgo» que considera que sufren los hijos. Granados dio este paso en cumplimiento de los protocolos de coordinación institucional vigentes y ante la desprotección de unos menores cuyos derechos, en palabras de la directora del centro, ve «claramente amenazados». Además, instó a la Fiscalía a que intervenga de forma urgente, antes del 14 de agosto, ya que es la fecha prevista para que regresen a Italia con su padre.

Por último, el pasado miércoles se conocía que el Tribunal Supremo había admitido a trámite el recurso de casación de Rivas contra el fallo de la Audiencia de Granada que confirmó su condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.