Sevilla

La Audiencia obliga a Bolaños a reabrir otra pieza de los cursos que archivó

Da la razón al PP, que interpuso un recurso por el sobreseimiento de las ayudas al empresario Pérez González

La jueza María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla
La jueza María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevillalarazon

Entiende la Audiencia que no procede el sobreseimiento decretado por la instructora con la intención de parar el cronómetro de la instrucción.

La jueza encargada de los cursos de formación, María Núñez Bolaños, tendrá que reabrir las piezas de la causa de los cursos de formación en las que decretó de manera simultánea la declaración de complejidad y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La Audiencia provincial de Sevilla ha dado de nuevo la razón al Partido Popular. Esta vez respecto a la rama que afecta las subvenciones del empresario José María Pérez González. Entiende la Audiencia que no procede el sobreseimiento decretado por la instructora con la intención de parar el cronómetro de la instrucción. Señala en este sentido que la declaración de complejidad que prevé la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ya prevee un plazo para llevar a cabo las diligencias más amplio y realista, si bien está dentro de un «límite temporal infranqueable». La decisión es firme. No cabe recurso.

La Audiencia provincial de Sevilla ya se ha pronunciado en varias ocasiones en la misma dirección. Anteriormente tumbó la decisión de archivar de manera provisional la causa que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente mercantil que se integró posteriormente en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que gestionó un elevado volumen de fondos para la impartición de cursos de formación con no pocas irregularidades. La Cámara de Cuentas ya anotó la falta de justificación de dos ayudas ascendentes a 49 millones de euros de las subvenciones de formación profesional para el empleo de 2009 y 2010.

Asimismo, la Audiencia instó a la magistrada a reabrir la causa que afecta al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco. Velasco dimitió de todos sus cargos en octubre de 2010 al trascender que la empresa de su mujer, Aulacen Cinco, había recibido en torno a 700.000 euros para la impartición de cursos de formación. En estos dos casos la Audiencia se pronunció tras el recurso de la representación letrada del Partido Popular y los argumentos son idénticos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial, en un auto fechado este jueves consultado por LA RAZÓN, responde a la decisión de archivo de la magistrada acordado a la espera de la recepción de unos informes que pidió y sin los cuales «resulta imposible apreciar justificada la perpetración de delito alguno». «Esta referencia que vincula el sobreseimiento provisional –sostiene– a cualesquiera circunstancias que no permita avanzar de forma positiva en la tramitación de la causa podría hacer pensar que, como sostiene la instructora y no han cuestionado las demás partes personadas con excepción de la recurrente –el Partido Popular–, que el sobreseimiento provisional puede hacerse extensivo a supouestos antes no contemplados en la práctica judicial, limitando antes al agotamiento de la instrucción sin que resultara debidamente justificada la perpetración del delito». «Pudiendo tener una base esta argumentación –abunda– una vez iniciado un procedimiento penal (...) admitir la opción antes expuesta supondría desatender la voluntad del legislador de que exista un límite temporal infranqueable en el que el sumario o las diligencias previas hayan de concluir».