La bonificación de las matrículas provoca el recelo de las universidades

Los alumnos que aprueben verán reducido el pago hasta el 99%, partida que supone una fuente directa de liquidez

Susana Díaz sigue en campaña. El lunes anunció del «fichaje» de Diego Valderas como comisionado de la Memoria Histórica y ayer, un día antes del debate sobre el estado de la comunidad, recuperó una de las medidas estrella del frustrado programa con el que pretendía acceder a la secretaría general del PSOE: bonificaciones de hasta el 99% del coste de la carrera universitaria a los estudiantes que aprueben todas las asignaturas. Una medida popular, y de calado en un amplio electorado, que pese a todo genera cierto escepticismo en las propias universidades, la mayoría asfixiadas económicamente, e inmersas en la negociación de un nuevo modelo de financiación que ya ha generado cierta división entre ellas mismas.

La implantación de esta iniciativa beneficiará, según estimaciones del Gobierno andaluz, a más de 30.000 alumnos y costará 29 millones de euros, un 2% del presupuesto total de las universidades. Se aplicará tanto en los grados como en los másteres habilitantes –obligados para ejercer una profesión– y los que no lo son. No obstante, el ingreso por matrículas supone una fuente de liquidez fundamental para las instituciones académicas, sujetas a restricciones y atrasos en el pago de su financiación por parte de la Junta. Por ello, y dado que el Gobierno andaluz no ha informado con detalle a los rectores andaluces, la decisión adoptada provoca cierto recelo. De hecho, el rector de la Universidad de Córdoba, Juan Carlos Gómez Villamandos, saludaba la medida pero argumentaba que si «el coste adicional» fuera «a expensas de las universidades, «estaría abiertamente en contra». En el mismo sentido se pronunció el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, preocupado por el pago de otros servicios para los que dependen del cumplimiento puntual de la financiación acordada.

Díaz precisó a posteriori que los fondos necesarios saldrán del Presupuesto de la Junta y serán adicionales a los que perciben las universidades. «Hay que primar y premiar el esfuerzo, a quien se esfuerza, quien trabaja y quien aprueba», aseguró Díaz, antes de destacar que se intenta «garantizar la igualdad de oportunidades». La presidenta recordó que así se palía también el endurecimiento (en medio punto) de las condiciones del aprobado (5,5) para acceder a las becas impuesto por el ex ministro Wert.

Razones de peso para generar una lógica expectación en el círculo universitario. Gómez Villamandos, no obstante, espera que ésta no sea «una medida aislada» y que no se olviden otras como igualar las tasas de másteres a las de grado, aumentar la financiaciones del sistema aplicando la media europea, un plan plurianual de infraestructuras o una financiación conectada a méritos e indicadores objetivos de calidad.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, valora la medida, pero entiende que debería «ir recogida en un acuerdo global, donde se hable de financiación, del pago de la deuda y del aumento del próximo año».

¿medida progresista?

Y es que la Junta propone un «cambio de modelo» en el que se aborda la educación como «una prestación social fundamental», en palabras del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez Arellano, quien reflexiona al respecto: «Cuando se hacen planteamientos de gobierno progresistas lo que debe estar ligado a la renta son los impuestos. Las matrículas universitarias no deben formar parte de las políticas impositivas, lo mismo que el acceso a la educación o la salud. Es más, deberían ser gratuitas, como en gran parte de Europa. Lo que debe estar ligado a la renta son las becas». Sucede, sin embargo, que la Junta incrementó el presupuesto de su consejería un 1,5%, lejos del 5,4% de la Sanidad o del 3,8% de la Educación no universitaria. Las universidades andaluzas no han recibido financiación para el desarrollo de sus infraestructuras ni para planes de investigación en los últimos años, como recordó la Universidad de Huelva a finales de enero, cuando se conoció el primer borrador del nuevo modelo de financiación que pone en riesgo la sostenibilidad de las instituciones académicas de menor tamaño, como la onubense.

Desde el PP-A, la secretaria general, Loles López, consideró que dada la millonaria deuda de la Junta con las universidades, la «credibilidad» del anuncio «cae por su propio peso». «De anuncios saben mucho, van sobrados, pero están faltos de gestión. La demagogia es la bandera del PSOE-A», añadió.

La lucha contra las «saunas» en el cole, al Parlamento

Mientras Susana Díaz niega estar ideando una renovación del Ejecutivo, los movimientos ciudadanos ponen en seria cuarentena la gestión de algunos de sus consejeros. Tras las protestas por los recortes en sanidad, ahora la movilizaciones se concentran en Educación y su consejera, Adelaida de la Calle, que con sus declaraciones multiplica la indignación de padres y madres. Más de cien Ampas de Sevilla y la provincia continúan adelante con sus más que legítimas reivindicaciones. Reclaman una correcta climatización de las aulas. Cientos de niños reciben clases a más de 35ºC y la Junta no cree «aconsejable» instalar aires acondicionados. Mañana tendrá lugar una concentración en las puertas del Parlamento para solicitar «medidas a corto y medio plazo». Pese a que desde la Consejería de Educación han tratado de iniciar el diálogo, el colectivo ha optado por mantener su calendario de protestas para que se visibilice aún más el problema. Posteriormente, en asamblea determinarán quiénes ejercen de interlocutores. Pese a contar con el apoyo de la oposición –el PP ha presentado una PNL y Cs elevado una pregunta a la consejera–, los padres prefieren mantener su independencia. Las protestas por la falta de acondicionamiento de los colegios se extienden ya a Cádiz donde se ha creado otra plataforma.