La defensa de Guerrero culpa al Gobierno de 2012 de la Junta de Andalucía de sucumbir a la «presión» sin «importar» antecesores

La defensa del ex director de Trabajo Javier Guerrero acusó ayer al Gobierno andaluz de 2012 de sucumbir a la «presión mediática y social» al regular las ayudas de los ERE que seguían una norma estatal, para «defender a un gabinete concreto, sin importar lo que sucediera con sus antecesores».

Así lo defendió ayer en su informe final el letrado José Ávila, que representa al ex director de Trabajo Javier Guerrero que concedió la mayor parte de las ayudas investigadas hasta su cese en 2008 y que se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación junto a otros 20 ex altos cargos.

La tesis defendida por Guerrero, y que lamentó no hayan «consensuado» el resto de acusados «en lugar de defender postulados individuales», se basa en que las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que durante una década dio la Junta «no eran ilegales».

Al contrario de lo que sostienen las acusaciones sobre que no existía base reguladora, Guerrero defiende que estaban reguladas en una orden del Ministerio de Trabajo de 1995 dictada por el Gobierno cuando era precisamente ministro el ex presidente andaluz José Antonio Griñán.

Según su tesis, el Estado es el único competente para legislar en materia laboral y la orden del 95 era plenamente aplicable, pese a que no la han tenido en cuenta ninguno de los «órganos judiciales» que han participado en la instrucción.

Pero tampoco la propia Junta de Andalucía cuando, una vez que estalló el escándalo judicial en 2011, prefirió «tapar los errores de aplicación, y no conceder veracidad ni convalidación a las actuaciones anteriores, aunque éstas tuviesen un fuerte fundamento legal, porque la presión mediática y social determinaban otra cosa».