La Diputación de Sevilla ficha como asesor a un investigado en los ERE

Una imputación no siempre resta puntos para convertirse en asesor. Lo demuestra una resolución fechada el pasado día 7 del máximo dirigente de la Diputación Provincial de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Por «instrucciones» de esa Presidencia se ha nombrado asesor del área de Cohesión Social e Igualdad de la institución supramunicial al alcalde del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra, Sotero Manuel Martín, encausado en el «macroproceso» en el que se investigan expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.

En el mencionado documento se asevera que, «comprobada la existencia de crédito, según se determina en un informe de la intervención de fondos», se autoriza la contratación del investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, quien pasará a engrosar el personal eventual de la corporación «en régimen de dedicación plena». Si bien, la conexión de Martín con la «macrocausa» de los ERE que arrancó la jueza Mercedes Alaya y ahora coordina María Núñez, tampoco fue óbice para que el regidor municipal fuera designado presidente de la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla, con lo que su recolocación es doble.

En el texto en el que se da luz verde al fichaje, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sevillana, sólo se apunta que Martín cobrará las «retribuciones propias» del «puesto de trabajo» que va a desempeñar, pero no las concreta. Fuentes consultadas por este periódico sitúan su salario anual en torno a «los 42.000 euros», a los que habría que sumar la «asignación económica» de la mancomunidad, que sitúan en «unos 1.000 euros». En relación a esta última cuantía, en la página web de esa entidad hay datos sobre los costes de la plantilla, pero únicamente se aporta una cifra, 54.487,44 euros, relativa a la «dirección», en la que está incluida junto a otras la categoría de Presidencia.

El nuevo asesor de la Diputación de Sevilla participó contra su voluntad en los safaris de fotografías que se suceden en el entorno de los juzgados de la capital hispalense. En 2016 Núñez lo citó a declarar como encausado, junto a otras cinco personas por distintas ayudas concedidas al despacho Estudios Jurídicos Villasís y a diversas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, zona que, según contabilizó la Guardia Civil, fue regada con unos 56 millones de euros de la Junta. En concreto, a Martín se le vincula en el sumario del proceso a subvenciones repartidas a entidades como Cortansa, Servicios y mantenimientos de Cazalla de la Sierra o Enoword. Con todo, el alcalde ha mantenido siempre que «nunca» medió ni intercedió «para que ninguna empresa obtuviera ayudas públicas» de la Junta.