La «factura» por robo de luz en cultivos de marihuana supera los 1,6 millones en 2015

Endesa recurre a los tribunales para recuperar lo defraudado el año pasado. Granada y la costa de Málaga copan la actividad

La doble actividad ilegal de cultivar cannabis y hacerlo con enganches fraudulentos a la red eléctrica se ha asentado en Andalucía. Granada es la provincia que lidera este lucrativo negocio de la droga en el que «cualquiera puede tener un invernadero con poca inversión: unos fluorescentes y una habitación cerrada», según denuncia la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). El pasado año se realizaron 115 intervenciones para eliminar enganches ilegales de luz en la provincia, según los datos facilitados por la compañía Endesa. De esas actuaciones, se derivaron reclamaciones por vía judicial para cobrar las cantidades defraudadas por un importe de 1.218.000 euros. «En la actualidad son prácticamente a diario en determinados barrios donde existe un plan de acción con la Policía Nacional», asegura la eléctrica, lo que augura una «factura» aún mayor en el año en curso en lo que respecta a robo de luz.

Endesa detalla que los cultivos se producen en instalaciones totalmente cerradas, para evitar ser vistas desde el exterior, por lo que requieren gran cantidad de energía utilizada en la iluminación de las plantas y el acondicionamiento de la temperatura de los locales. «La alimentación eléctrica se realiza de forma fraudulenta, bien mediante dobles acometidas o derivaciones no legalizadas por las que se consume mucha más energía que la correspondiente a la potencia contratada, sobre todo mediante enganches directos a la red», explica. En el Polígono de Almanjáyar granadino, en la zona norte de la ciudad, la potencia demandada es diez veces superior a la de una vivienda normal y el consumo estimado por los invernaderos ilegales equivale al de un polígono industrial. Estos enganches suponen una carga excesiva sobre el cableado y provoca que la compañía se encuentre la mayor parte de las veces con instalaciones en condiciones precarias. «Además –advierte– el exceso de consumo realizado y no autorizado puede provocar un empeoramiento en la calidad del servicio eléctrico para los usuarios de la zona». Es lo que vienen soportando hace meses los 36.000 vecinos de Almanjáyar, con hasta diez cortes diarios de luz de al menos una hora de duración. Desde la compañía consideran que el de las plantaciones de marihuana «es un problema creciente en Andalucía y de difícil solución sin la colaboración de las autoridades».

En este sentido, Endesa mantiene que ha actuado siempre conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad del Estado, procediendo a la denuncia correspondiente en todos los casos y cosechando sentencias judiciales a su favor. Málaga es la segunda provincia que encabeza este tipo de ilegalidades. En 2014, en la provincia Endesa actuó en 30 instalaciones que supusieron una defraudación de 270.000€euros. Un año después, el número de casos se incrementó a 45, disparando la cantidad estafada por encima de los 400.000 euros –un 67,5% más–. En total, el fraude se elevó el pasado año a más de 1,6 millones, a lo que habría que sumar cantidades menos significativas en el resto de la comunidad.

«Desenganchar» a un usuario no es tarea fácil. Una vez que se constata un consumo irregular, la compañía debe presentar una denuncia. Este primer paso es imprescindible para que medien las autoridades y se solicite al juzgado la intervención. Los técnicos solo pueden actuar con una orden judicial que los respalde, un trámite que puede dilatarse meses. Unas horas es lo que tarda el denunciado en volver a hacer el enlace para seguir robando luz.

El auge de los invernaderos ilegales ha motivado una campaña por parte de Endesa para intensificar la detección del fraude eléctrico en general y de estos casos en particular en todas las provincias, para aflorar las manipulaciones en los contadores y los enganches a la red.

En este sentido, la eléctrica insiste en «el enorme problema para la seguridad» que supone la manipulación del cableado sin supervisión alguna. Recuerda que este delito repercute «negativamente en la tarifa que pagan todos los clientes, puesto que el coste de la energía defraudada recae indirectamente en todos. Es obligación de todos los ciudadanos denunciar cualquier tipo de situación irregular».

Solo en Granada, las incautaciones de cannabis se multiplicaron por dos en el último año, llegando a las 2,1 toneladas. Esto supone un tercio de las intervenidas en toda Andalucía: 6,4 toneladas, un 74% más que en 2014. En el mismo período, se detuvo a 520 personas relacionadas con el tráfico de drogas a gran o pequeña escala.