La Junta pagó 92,7 millones en pluses sanitarios en una sola provincia en tres años

Profesionales de Málaga se embolsaron esa cantidad por productividad entre los ejercicios 2013 y 2015

La consejera de Salud, Marina Álvarez
La consejera de Salud, Marina Álvarez

Profesionales de Málaga se embolsaron esa cantidad por productividad entre los ejercicios 2013 y 2015

Entre el espesor de la prosa que a menudo acompaña a respuestas oficiales de la Junta se cuelan en ocasiones inyecciones de realidad. Ocurrió ayer y se puede comprobar en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). El diputado del grupo de IULV-CA José Antonio Castro se interesó hace casi un año, en septiembre de 2016, por el complemento retributivo de productividad (CPR) que los trabajadores de la sanidad pública autonómica cobran de forma habitual en dos plazos, en julio y en octubre. Limitó su pregunta geográfica y temporalmente a los profesionales de la provincia de Málaga y a los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. Le ha respondido la actual titular de la Consejería de Salud, Marina Álvarez, y lo ha hecho para trasladarle que en una sola provincia y en los tres años mencionados se abonaron más de 92 millones de euros en concepto de ese plus.

La consejera afina que el importe relativo a 2013 fue de 32.583.345 euros, el del año siguiente de 30.018.537 y en 2015 de 30.140.196. En total el desembolso de las arcas públicas fue de 92.742.078 euros, a la luz de lo reflejado en el boletín de la cámara regional.

El parlamentario de IU quiso saber también por qué no aparecen «en la página de transparencia» que alumbró el Gobierno andaluz los complementos de productividad con los que se gratifica a los cargos directivos. En relación a este punto, Álvarez transmite al diputado que «las cuantías que se aplican en el cálculo de las distintas unidades del Servicio Andaluz de Salud –SAS–, están disponibles para poder ser consultadas en el Anexo V. 2 de la Resolución 0136/2016, de 5 de abril, sobre Retribuciones del personal de Centros e Instituciones Sanitarias» de ese organismo para el ejercicio 2016. Y le proporciona en su contestación un enlace de la página web del SAS para que visualice el contenido de la resolución, si bien, este periódico intentó hacerlo sin éxito, dado que no conduce a ninguna parte. Con todo, la titular de Salud ofrece otro camino a Castro: un nuevo enlace «de Atención al Profesional del SAS, en el apartado de retribuciones» que tampoco permite ver nada. En cualquier caso, la consejera hace a continuación una matización significativa: añade que «en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal», que establece que el tratamiento de la información de ese tipo requerirá del «consentimiento inequívoco del afectado», salvo que la norma disponga otra cosa; «no se publican» referencias retributivas de los profesionales del SAS. Aunque éstos, según asevera, sí pueden en teoría consultar sus datos personales «de dos formas» que indica.

Por último, Castro demandó conocer cuáles eran «los objetivos que se les marcan a los equipos directivos para cobrar sus CPR». Éstos se encuentran «definidos» por cada centro «en los contratos programas de cada año y en los acuerdos de gestión», conforme a lo mantenido por Salud. En ese engranaje, el llamado contrato programa, basado en «una metodología de dirección» por fines, marca «criterios para la asignación de recursos, vinculándolos a los objetivos de actividad de los centros». Por ello, el reparto de incentivos entre los cargos está ligado al cumplimiento de éstos y «se valoran», afirma la Junta, las marcas recogidas en los acuerdos de gestión y los resultados por entes en los apartados de «salud», «provisión de servicios», «en valor de los recursos y la sostenibilidad», en «el ámbito del conocimiento» y en el de «desarrollo crítico». ¿Las cantidades que cobran por pluses como la productividad? Siguen siendo un agujero negro, como han denunciado algunos sindicatos y partidos de la oposición. Sólo entidades fiscalizadoras como la Cámara de Cuentas autonómica acceden sin tantas restricciones a información salarial de ese tipo. Y entonces sucede que se pueden sostener en informes como el conocido recientemente de «Fiscalización sobre determinadas áreas de la gestión de recursos humanos del sector sanitario público de Andalucía» –correspondiente a 2013– afirmaciones como que varios altos cargos de Salud, las agencias empresariales sanitarias y el SAS, así como de varios hospitales, excedieron en más de dos millones el límite retributivo dispuesto por norma, esto es, el tope de sueldo máximo que podían recibir.

¿La falta de pediatras? Por «escasez» en el «mercado laboral»

El diputado de IU José Antonio Castro demandó también información sobre la falta de pediatra que sufrió el municipio malagueño de Almáchar el verano de 2016. En su respuesta, la consejera de Salud, Marina Álvarez, le explica que esa atención se articula en la región a través de pediatras que «tienen adscritos un cupo de niños» y de otros que «actúan» como «consultores de su zona básica de salud» y que se desplazan a varios centros para ver a los menores de 14 años. Éstos pasan consulta uno o dos días a la semana. ¿Y el resto? «Son atendidos por el médico de familia». «En el Sistema Nacional de Salud en general y el Sanitario Público de Andalucía en particular, hay dificultades para la contratación de especialistas en pediatría por no haber disponibilidad en la bolsa de trabajo», defiende la consejera para rematar: «Se puede afirmar que hay una escasez de pediatras en el mercado laboral».