La Fiscalía rebaja de 18 a 10 años la petición de cárcel para acusado de abusar de su hija

La Fiscalía de Granada ha reducido de 18 a diez años de cárcel la petición de pena para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija durante años y ha sumado la solicitud de que se le retire la patria potestad de la menor. La Audiencia de Granada ha celebrado hoy la segunda sesión del juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante varios años y que en su declaración inicial negó los hechos al atribuir la denuncia a la estricta educación que ofrecía a la niña.

Los peritos psiquiatras han valorado hoy la declaración de la menor sobre el relato de los abusos cometidos por su padre como creíble con el nivel más alto de la escala de medición. Los agentes encargados de la investigación tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor, que ahora tiene 17 años, han apuntado que encontraron semen y otros restos biológicos del progenitor en las sábanas de la víctima.

La menor declaró durante el juicio que los tocamientos por parte de su padre comenzaron cuando tenía doce años y se perpetuaron en el tiempo, con mayor asiduidad, hasta que cumplió los quince años. La Fiscalía calificó inicialmente los hechos como un delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que solicitó diez años de cárcel, y otro delito de agresión sexual por el que pidió una pena de ocho años de prisión.

El Ministerio Público ha modificado hoy la calificación y ha solicitado diez años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado con la agravante de una relación de superioridad o parentesco del acusado frente a la víctima. La acusación particular que ejerce la letrada Yolanda Solana, de la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Amuvi), ha detallado a Efe que han mantenido la petición de trece años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso carnal continuado y otro de abuso sexual también continuado.

La Fiscalía también ha modificado la petición de indemnización para la víctima y ha subido de 3.000 euros a los 30.000 solicitados por la acusación particular. También se ha sumado a la petición de la familia de solicitar que se retire al acusado la patria potestad de la menor en un juicio que ha quedado visto para sentencia.