La Fiscalía se opone a que Díaz declare en los ERE pero no su “número dos”

Apoya que Jiménez Barrios y Mar Moreno comparezcan. Las defensas rechazan en bloque redefinir lo que se juzga y avisan a Anticorrupción de que ya no puede enmendar su «error» de estrategia

La sexta sesión del juicio del «caso ERE», registrado sin duda en la hoja de vida de los 22 ex altos cargos encausados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sirvió para saber con qué aliados cuenta cada quién. Una de las incógnitas que sobrevolaban la jornada era la de si alguien apoyaría o no la petición de los abogados del PP-A, acusación popular, de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, declarara como testigo. Y fue que no. La Fiscalía Anticorrupción consideró innecesaria la comparecencia de la socialista como ex consejera de Presidencia, puesto que ocupó entre 2012 y 2013, al entender que Díaz no tuvo conocimiento de los hechos investigados, limitados a la década transcurrida entre 2001 y 2010, además de que ya se negó a que declararan los letrados del Gobierno autonómico por lo que no tendría sentido que lo hiciera su superior, la titular de Presidencia en 2012, que nada podría aportar al esclarecimiento de lo analizado judicialmente.

Sin embargo, el Ministerio Público sí estimó conveniente que sea citado el «número dos» de Díaz, el actual titular de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien ya tuvo que acudir como testigo al juzgado instructor del «macroproceso», el número 6 de Sevilla, por una ayuda con cargo al llamado «fondo de reptiles» que el Ejecutivo autonómico concedió al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando él era alcalde. En la misma línea, Anticorrupción cree oportuno que se llame a la senadora del PSOE Mar Moreno y ex consejera de Presidencia de la Junta. Ésta llegó a estar imputada en el ámbito de la causa hasta que el Tribunal Supremo (TS) la apartó del proceso.

Las defensas, por su parte, expresaron su negativa al paso por la Audiencia de los tres políticos socialistas y en general a las demandas del PP por «inatendibles» y «extemporáneas». En concreto el representante procesal de Chaves, Pablo Jiménez, argumentó que no se daban los «requisitos» para sustentar la solicitud de los populares y el letrado de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno, mantuvo que ninguna de las defensas «ha pretendido politizar» el juicio ni ha convocado a políticos del PP como a los ex ministros Javier Arenas y Eduardo Zaplana, al actual titular nacional de Interior, Juan Ignacio Zoido; o al delegado del Gobierno central en la comunidad, Antonio Sanz, a pesar de que pudieran tener alguna relación con el caso en puntos como el ERE de la Faja Pirítica de Huelva. En definitiva, que no han querido traspasar los linderos del juzgado. Es más, Moreno advirtió de que la «contaminación político-partidaria» no debe «tener cabida» en el «sistema procesal».

De otro lado, los representantes legales del PP-A y del sindicato Manos Limpias, este último también acusación popular, mostraron su adhesión a las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía la semana pasada, entre las que hubo una nuclear: instaba a la Sala a pronunciarse sobre el objeto del proceso, aclarar lo que se juzga, ya que de incluirse las 270 ayudas en las que se ha troceado la «macrocausa», ello le causaría una «evidente indefensión». Justo lo que las defensas entienden que les ha provocado lo planteado por el Ministerio Público. De ahí que se opusieran en bloque. El abogado de Aguayo recordó que el auto de procedimiento abreviado emitido en su momento respecto a la pieza que se juzga, la que se centra en el procedimiento por el que se repartieron los fondos públicos, «determinaba el objeto del proceso, los hechos punibles» y los presuntos autores de los mismos. En su opinión, y en la de la mayoría de sus colegas, no cabe a estas alturas la «reinterpretación» de los hechos, sobre todo después de que el «macroproceso» se dividiera de arranque en seis bloques, uno de ellos el ligado a la vista oral, tras la insistencia de Anticorrupción. A partir de lo expuesto por Moreno, el resto usó su turno para tildar la cuestión previa del Ministerio Público de «extravagante», «disparate», «galimatías jurídico» o «entelequia». El representante de uno de los acusados llegó a aseverar que daba la impresión de que la Fiscalía pretendía «tener más oportunidades que Platanito», el famoso novillero, de tener opciones por si en este juicio no logra lo que quiere; y otro la acusó de ambicionar «un salto mortal triple con vuelta hacia atrás y tirabuzón». El letrado Juan Carlos Alférez lo dijo de otra forma: el Ministerio Público ha intentado «jugar con dos barajas» al «errar» en una «estrategia» armada sobre un «afán desmedido acusatorio», que «ahora no se puede enmendar». De salirle bien lo que busca, su defendido, el ex director de la agencia IDEA, Jacinto Cañete, se enfrentaría a unos 124 juicios, un «calvario procesal» inasumible para nadie. «¿Por qué no es suficiente con este proceso en el que le piden -a su cliente- ocho años y diez el PP?», se preguntó.

«Si la Sala hiciera lo que le pide la Fiscalía contaminaría absolutamente todo el proceso», avisó el representante de Griñán, José María Mohedano.

Ahora, será el tribunal durante su periodo de deliberación el que decida qué es pertinente. De momento ayer suspendió el juicio hasta el próximo 12 de febrero.

A vueltas con el delito de asociación ilícita

La Fiscalía respaldó ayer las cuestiones previas formuladas por las defensas para excluir del objeto de enjuiciamiento de la rama política el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP-A «sorpresivamente». Si bien, para el abogado de este partido, Luis García Navarro, de la instrucción de la causa y del auto de transformación en procedimiento abreviado se desprenden «hechos suficientes» que lo justifican.

La instrucción del juez Álvaro martín, en el punto de mira

Anticorrupción rechazó la petición planteada por José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán y Antonio Lozano, a la que se sumaron otras defensas, de anular las actuaciones de instrucción capitaneadas por el juez de refuerzo Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley. La Fiscalía adujo que éste contó con el apoyo del TSJA y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Anticorrupción rechaza que los acusados declaren al final

La representación procesal de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo solicitó que los acusados declararan después de los testigos y peritos, dada la «imprecisión» de las conductas y hechos que se les achacan, pero la Fiscalía se opuso. ¿El motivo? Según el Ministerio Público, el orden de las pruebas a analizar en una vista oral está «determinado» por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no por las defensas.