La Intervención de la Junta desoyó una petición del juzgado del “caso Infoca”

La instructora le urge a informar sobre ayudas otorgadas a Faasa, como espera la Policía porque se le demandó hace nueve meses

En los procesos judiciales es habitual que los instructores demanden información a los encartados en el mismo para cimentar la causa. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que coordina la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de medios aéreos para el plan Infoca, María de los Reyes Flores, lo ha hecho en varias ocasiones con el Gobierno autonómico. Y, en algún caso, ha decidido incluso que era hora de «re-pedir». Es lo que se desprende de una providencia de la magistrada, fechada el pasado 3 de febrero y consultada por LA RAZÓN, en la que se mandata que, «no habiéndose cumplimentado lo interesado» por el juzgado en concreto a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), se remitiera nuevamente un oficio a dicho órgano de control interno de la Administración regional, con el fin de que «a la mayor brevedad» posible «se informe» sobre lo que ya se indicó en una providencia previa del 19 de mayo de 2016, o sea, hace nueve meses.

La Policía Judicial ya explicó a la magistrada en un informe, al que accedió también este periódico, que lo que han denominado «tercera fase» de la investigación se centraba en intentar vislumbrar el motivo por el que una de las empresas adjudicataria de la contrata que ahora se disecciona, Faasa Aviación, habría conseguido «ser la más competitiva a nivel autonómico en Andalucía, ya que era ésta la que ganaba siempre las licitaciones más cuantiosas», pese a que la mencionada sociedad lo niega. Llamó la atención de los investigadores en este bloque «la falta de control total» que la Intervención tenía del global de las subvenciones que el Ejecutivo andaluz asignó a la mercantil cordobesa, lo que se reflejaba en un escrito de ese órgano en el que se trasladó a la Policía que la agencia IDEA –ente dependiente en la actualidad de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio–, les había facilitado un «listado incompleto» de esas ayudas, que luego completaron «mediante consulta del sistema informático correspondiente». Por ello, se solicitó que la propia IGJA analizara de forma paralela a las pesquisas policiales que se pudieran llevar a cabo si la concesión de los incentivos públicos que recibió la empresa –agrupables en tres grandes áreas: innovación, empleo y formación, a la luz de lo recogido en el sumario– se ajustaba «correctamente al procedimiento administrativo a seguir». En otras palabras, los investigadores querían conocer si la empresa beneficiaria reunía los requisitos para recibirlos y si el otorgamiento de los fondos públicos se hizo respetando «plazos», «requisitos» y «comprobaciones pertinentes».

La Policía confiaba también en que la Intervención, de acuerdo al mandato judicial, estudiara además si la cuantía de las ayudas se ajustaba a «la legalidad –porcentaje conforme a las normas en cuanto a la inversión privada ejecutada–» y si «se aplicó el procedimiento administrativo correcto para cada cuantía». A ello sumó la comprobación, en caso de que fuera obligatorio, de si la inversión privada necesaria para dar el incentivo se había materializado; si se había «vulnerado el número permitido» en conjunto; si existían incompatibilidades entre ellos; o si podrían señalar cualquier otra irregularidad en los expedientes.

Si bien, en el mismo atestado policial, datado el día 29 del pasado noviembre, se comunicó a la instructora que lo que les había llegado hasta entonces por parte de la Intervención era un listado de las subvenciones percibidas por Faasa que «no incluía el análisis pormenorizado» de dichas ayudas. Y ello, pese a que se le pidió que se confirmara que «se habían seguido escrupulosamente los procedimientos establecidos para la solicitud, concesión y seguimiento de cada una de las subvenciones» de la Junta. De hecho, en su informe se adjunta una hilera de etiquetas relativas a 25 expedientes de ayudas a la formación de la Consejería de Empleo, proporcionada por la IGJA aquel noviembre. La Policía dejó claro a la jueza que seguía a «la espera de respuesta» y ésta ha vuelto a reclamar ahora lo que ya se demandó hace meses. Por su parte, fuentes de Faasa siempre han mantenido que no existe «ilegalidad alguna» en su gestión de los fondos públicos que pudo acumular.

Batería de declaraciones en sede judicial

Al margen de esa demanda a la IGJA, tras meses de pesquisas policiales, la instrucción del caso ya tiene cierta forma y en los próximos días se producirá una tanda de declaraciones en sede judicial. A la citación del funcionario que dio origen a la causa con una denuncia, J. G. D., a petición de Ecologistas en Acción –que está personada en el proceso– y prevista para el próximo 8 de marzo, se suman otras cuatro. La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, ha convocado para la jornada siguiente, la del 9 de marzo, a dos trabajadores vinculados en algún momento a Faasa Aviación, J. I. R. M. y C. B. B., en calidad de testigos. Ese mismo día han sido llamados por el juzgado también dos directivos de la misma entidad, M. Á. T. C. y G. R. A. M., pero en su caso como investigados. El último admitió ante la Policía, entre otras cuestiones, que su sueldo era sufragado en parte por las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz para formación, como adelantó este periódico.