La Intervención de la Junta detecta agujeros en la justificación de ayudas formativas

Critica que no se realizara un «análisis crítico» de la cuenta justificativa presentada por Faasa

La Fiscalía no apoya que declaren, de momento, los cinco nuevos investigados de Medio Ambiente

En el multitablero legal en el que se ha convertido el «caso Infoca» hay varias posiciones enfrentadas. En una de sus ramas, la que ha crecido en torno a las subvenciones para formación asignadas por el Gobierno andaluz a la empresa Faasa Aviación, la compañía defiende que ha empleado ese dinero público de forma «adecuada» y que así lo constata un informe pericial que encargó. La Policía insiste, en cambio, en que en la gestión de esos fondos ha habido irregularidades y apunta ahora, para reforzar su posición, a un informe elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y remitido al juzgado instructor, el número 8 de Sevilla, en el que también se señalan algunas anomalías, como ya adelantó LA RAZÓN.

En relación en concreto al proceso de justificación de las subvenciones, la IGJA asevera, tras el análisis de 29 expedientes, que «ha sido insuficiente desde el punto de vista material, quedándose la función de comprobación técnico económica» de la ayuda en un mero «análisis de la legalidad jurídico formal de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario, sin realizar un análisis crítico de la misma». Más allá de los gastos realizados con entidades vinculadas, en especial Caena, en los que los investigadores han puesto el foco ya en múltiples ocasiones, o de la tesis policial de que se adquirieron bienes mediante subvenciones que fueron «posteriormente amortizados (re-subvencionados, por tanto,)»; en el trabajo de la Intervención se expone que los informes individuales de los expedientes incluyen otras «incidencias» relativas a los costes insertados en las cuentas justificativas. El órgano de control interno de la Junta traslada al juzgado que dirige María de los Reyes de Flores que «en muchos justificantes de gastos y facturas», en los casos en los que aquéllos figuran en los expedientes, «es muy difícil relacionar el gasto con la actividad subvencionada». Entiende que es «relevante», además, que «no consta» en la documentación que ha manejado, «la petición de tres presupuestos en la realización de gastos que superan las cuantías establecidas en las normas reguladoras» y anota también que se ha considerado el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado como imputable a las ayudas formativas, cuando «la entidad beneficiaria tiene la posibilidad» de deducirlo al tratarse de «un sujeto pasivo del IVA». Al margen de los costes, la IGJA indica que la mayoría de los expedientes incluyen ejemplos de actas de inspección técnica a los cursos, uno de los puntos por los que se interesó el juzgado, aunque en ellas «no se refleja» que se realizaran entrevistas a los alumnos ni a los docentes participantes en los mismos.

En otro de los bloques del caso, el centrado en la adjudicación de medios aéreos para el plan Infoca, la instructora citó recientemente a declarar en calidad de investigados –antes imputados– el próximo 25 de octubre a cinco miembros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio –Ernesto E. V., Manuel D. C, Francisco Javier M. R., Ángel Francisco P. M. y Dolores Esperanza L. M.– que se sumaron así al jefe de servicio de contratación de ese departamento Antonio M. L., implicado en el proceso desde hace meses. La jueza movió ficha a petición de la federación de Ecologistas en Acción de Sevilla, organización personada en la causa, como posibles autores de un presunto delito de prevaricación. Si bien, fuentes del caso adelantaron ayer a este periódico que la Fiscalía se ha mostrado contraria al desfile judicial de los nuevos investigados. ¿La causa? El Ministerio Público se agarra a que De Flores se ha inhibido y ha elevado a la Audiencia Nacional parte de lo actuado ligada al «cártel del fuego» y cree que debería esperar a que ésta se pronuncie.