La intervención estatal sí analizará la legalidad del concurso por el que la Junta asignó Aznalcóllar

La jueza ha ordenado ya que se remita a los peritos estatales el expediente completo

Auxilio concedido. Aunque con matices. La instructora del «caso Aznalcóllar», Patricia Fernández, quiere que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revise lo actuado en torno a la concesión de la mina sevillana. La aludida se negó de partida. Pero ahora, tras una segunda petición, una subdirectora general del organismo ha remitido un escrito al juzgado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se asevera que la ayuda judicial demandada «puede asumirse». Resume la petición de apoyo en un «análisis del concurso» por el que se asignó el yacimiento minero con el fin de «evaluar la adecuación del procedimiento seguido por la Junta» a «los principios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público en las materias que corresponden a funciones y competencias de la IGAE». Tras trasladarle a la magistrada que lo harán, le advierte de una hilera de puntualizaciones. En primer lugar le indica que su estudio sólo versará «sobre la aplicación de las normas que regulan el procedimiento» y no sobre «la validez» de éstas, además de que se limitará a «aquellos aspectos» en los que los peritos estatales tienen competencia. Punto en el que adelanta que «en el texto del informe que se emita», se identificarán las materias que no lo sean para que «puedan ser sometidas por ese juzgado, si lo considera conveniente, a expertos en las mismas». Por último, anota que las normas de control interno y auditoría de la actividad económico administrativa del sector público «afectan al trabajo» de las intervenciones, pero «no son aplicables ni a la mesa de contratación ni a la comisión técnica y ni siquiera al interventor que asiste» a la primera, que actúa como un «miembro» de aquélla. «La actuación de la mesa de contratación y de la comisión técnica –se transmite a Fernández– deberá evaluarse teniendo en cuenta la normativa y los principios aplicables con carácter general y lo establecido en los pliegos que regulan este concurso en particular». Con todo, la IGAE asume la tarea encomendada y revisará el expediente completo del concurso para elaborar un informe. De hecho, la jueza ya ha mandatado en una providencia, fechada el 6 de junio y consultada también por este periódico, que se le remita para que puedan proceder a hacerlo.

El Gobierno andaluz y Asensio se oponen

Será así, pese a que la representación procesal del Gobierno regional y de una de las investigadas en la causa, la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio, se opusieron y presentaron un recurso de reforma contra el último auto en el que Fernández buscó la asistencia de la IGAE. Los abogados de la Junta alegaron en un escrito para justificar su posición, entre otras cuestiones, que no se entiende «qué mayor valor puede tener la presunción de legalidad e independencia de los funcionarios» de ese órgano con respecto a la «atribuible» a los de la Administración andaluza que intervinieron en la adjudicación, salvo que se considere, lanzaron, que los últimos «están sumidos en una presunción de desacierto, parcialidad o falta de objetividad». Para los letrados del Ejecutivo regional, la diligencia acordada por la magistrada llevaría a una «confrontación» entre «el criterio que exprese una Administración (la del Estado) y el expresado por otra (la de la Junta de Andalucía), con el agravante de que mientras la primera (por expresarse en sede penal) no sería atacable en vía contencioso-administrativa en caso de reputarse errónea, la segunda se está examinando precisamente en dicha vía». Por su parte, la representación legal de Asensio, defiende que «no se dan los presupuestos ni de ámbito de actuación ni de atribución de competencias para la actuación de la IGAE». La jueza admitió a trámite los recursos, que se enviaron a la Fiscalía y a las partes personadas, en el proceso en la misma providencia en la que ordenó remitir la documentación a la intervención estatal.