La juez apunta a una «estructura piramidal de políticos y técnicos»

Se niega a dividir la causa por «la responsabilidad criminal» de «las mismas personas».

Nuevo salto en la ascensión a «la pirámide» de la trama de los ERE. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, defiende en un auto la imposibilidad de separar en piezas la causa para cada ayuda investigada debido a que «el sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas» fue obra de una «estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta». Se trata, a su criterio, de una macrocausa «inescindible».

La magistrada rechazó la petición de la imputada Encarnación Poto Monge, presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), de abrir una pieza separada para cada subvención investigada alegando que cuenta con todos sus bienes embargados y el desglose reduciría la dilación en el tiempo de las pesquisas judiciales. La amplitud de la causa es tal, con un centenar y medio de imputados, que la citación para el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, considerado el «portillo de entrada» de los ERE, se ha fijado para el 7 de febrero después de tres años de espera por parte del imputado, que también se quejó de la situación de indefensión por no haber podido testificar.

En el caso de Encarnación Poto, la juez Alaya considera que «lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones». Según expuso la magistrada, la empresa Acyco conocía indiciariamente que las subvenciones «se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano que las concedía el fin público o el interés social de tales ayudas públicas». La titular del juzgado de Instrucción número 6 recuerda a Encarnación Poto que las ayudas que recibía «se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad de que se iba a disponer de tales fondos». Según la magistrada, la dueña de Acyco «lejos de mantenerse al margen» de lo que ella denomina en su recurso como «trama política», se aprovechó de ella «en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones», como se infiere de la declaración del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Por tanto, la juez Alaya concluye que la causa de los ERE no se puede escindir «pues en cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años».

«Los intermediarios», mantiene la magistrada, «alternándose se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés».

«Hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma», señaló la magistrada. La Audiencia Provincial de Sevilla se pronunció en el mismo sentido en diciembre del pasado año.