La jueza opta por dejar en suspenso el parón de la mina y nuevas encausaciones

Pide opinión a la Fiscalía y pospone su decisión al estudio del informe de investigación que encargó a la Guardia Civil.

Cada parte enfrentada en el proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación que permitió activar la mina sevillana de Aznalcóllar, reabierto por orden de la Audiencia Provincial, defiende su postura con la convicción de una hoz. La instructora, por su parte, ha optado por no decidir sobre nuevas imputaciones ni sobre la paralización de los trabajos en la explotación hasta conocer la opinión al respecto tanto de aquéllas como de la Fiscalía.

En una providencia fechada el pasado día 10, a la que ha accedido LA RAZÓN, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, hace depender del análisis del nuevo informe que ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la posibilidad de tomar declaración a los miembros de la comisión técnica de la mesa de contratación que resolvió el concurso de la Junta que no están implicados, como autores de un presunto delito de prevaricación. Deja en suspenso también, a la espera del citado documento policial, la opción de ampliar la imputación a los ya investigados, entre los que se encuentra la actual viceconsejera de Empleo, María José Asensio. Y tampoco cita de momento como encausados a los representantes legales de Minorbis –una de las empresas adjudicatarias, junto a Grupo México– Isidro López Magdaleno y Mario López Magdaleno, por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, trafico de influencias, fraude y negociación ilícita; ni al ex secretario general de Innovación, Industria y Energía Vicente Fernández –ahora interventor general de la Junta– , por presunta falsedad, encubrimiento, falso testimonio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal. Todas ellas peticiones realizadas por la empresa que denunció, una de las que no pudo hacerse con la licitación, Emerita Resources. La misma que reclamó la «inmediata paralización» cautelar de «cualquier trabajo» que se lleve a cabo en el yacimiento y los recursos mineros objeto del concurso público, así como, la «suspensión cautelar» de las normas y procedimientos administrativos que los amparaban. Se referían en especial a la Resolución de febrero de 2015 de la dirección general de Industria, Energía y Minas del Gobierno andaluz que hizo adjudicataria de la explotación minera a Minorbis-Grupo México y a la aceptación posterior de la mina por parte de Minera Los Frailes SL y «sus consecuentes permisos de explotación e investigación», otorgados a través de otra Resolución de junio de 2016. En relación a este punto, del que la jueza también da traslado a las partes y al Ministerio Público, hace constar en su providencia que la dirección general de Industria, Energía y Minas aún tiene que informar al juzgado del «estado y circunstancias concretas en las que se encuentren actualmente las actividades de exploración», en caso de que se hayan iniciado. Fernández recuerda además que el juzgado ya se opuso a esa medida en un auto de agosto de 2015 al «no observar motivos» para pronunciarse sobre ese parón, aunque matiza en su resolución de hace dos días que desde entonces «se ha podido operar un cambio en las circunstancias» en torno a Aznalcóllar.

Reapertura del caso, ¿evitable?

En la misma mencionada providencia, la jueza emplaza a Minorbis a que acredite en qué consistieron unos servicios facturados a AMC Mining Iberia SLU y con qué medios personales materiales y personales se prestaron, de nuevo a petición de Emerita. Si bien, la defensa de la adjudicataria replica en un escrito, consultado por este periódico, que le resulta «sorprendente, inaudito» e «inconcebible» que la sociedad denunciante vuelva a reclamar que se aporte «lo que ya» se sumó al sumario durante la instrucción.

De hecho, la defensa de Minorbis plantea en su escrito una cuestión en torno a la voluminosa documentación que ya engrosa la causa. Pretende que se le entregue a la UCO un escrito del 13 de julio de 2015 junto a los seis bloques documentales que en él se citan, que no fueron incorporados por completo a los tomos del proceso ni foliados y se encuentran archivados en dependencias judiciales. La representación legal de la empresa cree que por ese motivo, esa información no se elevó a la Audiencia de Sevilla, que «no tuvo ocasión de valorarla», por lo que hoy no se puede saber si les hubiera resultado «más que suficiente las explicaciones dadas» por su cliente y se mantendría el carpetazo del juzgado al caso. Como el pasado no se puede cambiar, de cara al futuro insisten a la jueza en su «verdadero interés» en que la Guardia Civil cuenta con esa información, sobre todo, con los apartados cuatro y seis. En concreto el primero de esos dos contiene, según Minorbis, sus trabajos para el proyecto de Aznalcóllar que no fueron escaneados y por eso sólo existen en papel.